La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por su siglas en inglés) deberá pagar casi medio millón de dólares a una mujer mexico-americana que fue sometida a una serie de revisiones anales y vaginales en la frontera de Texas en el 2012.
Será el segundo pago que la mujer recibirá tras un acuerdo legal que se negoció después del incidente. El hospital que llevó acabo una segunda serie de exámenes en las partes íntimas de la mujer le otorgó $1.1 millones de dólares en 2014.
CBP asegura que el pago que la agencia realizará por $475,000 no denota culpabilidad. “El acuerdo no debe ser visto como una admisión de responsabilidad legal”, dijo CBP en una declaración sobre la demanda que presentó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU pos sus siglas en inglés). “Ambas partes entraron en un acuerdo con el fin de hacer concesiones respecto a los reclamos en disputa y así evitar los gastos de una litigación prolongada”.
La mujer mexico-americana, a quien la demanda se refiere como “Jane Doe” para proteger su identidad, primero recibió $1.1 millones de dólares por parte del centro médico universitario de El Paso después de que los doctores de esta institución realizaran “inspecciones altamente invasivas sin una orden judicial y bajo la insistencia de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”, de acuerdo a una declaración de ACLU.
La organización de ACLU dice estar preocupada de que este incidente sea parte de un patrón más grande de abuso en una frontera que se encuentra “sobre-militarizada”.
Edgar Saldivar, un abogado para la ACLU de Texas, dice que el incidente ocurrió en diciembre de 2012 cuando su cliente estaba regresando a Estados Unidos después de visitar a un amigo en México. “Un perro que está entrenado para detectar drogas le saltó encima y alertó a los oficiales. Llevaron acabo inspecciones preliminares pero no encontraron nada”, dijo Saldivar.
Según el abogado esto llevó a una segunda ronda de inspecciones “donde le hicieron revisiones más invasivas en sus partes privadas, pero no encontraron nada”. Sin estar satisfechos, “la llevaron al hospital para que le realizaran exámenes más extensivos”, dijo Saldivar.
El abogado de ACLU dice que los doctores del hospital de El Paso, siguiendo instrucciones de CBP, le dieron laxantes a la mujer y examinaron su excremento. También le hicieron una tomografía y usaron un espéculo para revisar su vagina y ano.
“Siguieron sin encontrar nada”, dijo Saldivar. “Cada inspección resultó negativa. Todo esto lo hicieron sin una orden judicial o su consentimiento verbal”.
Fusion contactó a CBP pero la agencia declinó comentar sobre los detalles del caso.
Saldivar dice que la mujer estuvo detenida por aproximadamente 6 horas y después la dejaron ir sin presentar cargos. Dijo que CBP le envió la cuenta del hospital por un monto de $5,488 dólares después de que la mujer se rehusó a firmar una forma de consentimiento médico.
“Le llegó la cuenta después de haberse sentido como una víctima de abuso sexual de los agentes fronterizos, así que fue a las oficinas de ACLU en Nuevo México y ellos a su vez se contactaron con la ACLU de Texas y así es como empezamos la investigación”, dijo Saldivar.
El abogado dice que el acuerdo legal rompió récords.
“No sé de ningún otro caso en el que CBP haya pagado tanto dinero por una inspección ilegal”, dijo.
ACLU dice que ha enviado notas informativas a más de 100 hospitales a lo largo de la frontera desde San Diego hasta Houston para alertar a los doctores sobre las consecuencias legales que pueden enfrentar si realizan inspecciones bajo ordenes de la CBP sin una orden judicial.
“Definitivamente pensamos que esto es parte de un patrón de abuso que existe en la frontera”, dice Saldivar. “Está sobre-militarizada y algunos de los agentes que trabajan ahí actúan como si estuvieran por encima de la ley. Esperamos que este caso refleje la necesidad de lograr más reformas, transparencia y supervisión”.
