Por Raúl Ross Pineda*
El pasado 12 de noviembre se efectuó en Chicago una reunión de jaliscienses con el Secretario de Desarrollo e Integración Social del gobierno de Jalisco, para conversar sobre la nueva situación que se presenta luego de la victoria de Donald Trump. En ese contexto, Luis Pelayo, un personaje político afamado por este lado del mundo, planteó un grupo de preguntas muy pertinentes; estas fueron: ¿Está realmente preparado el gobierno mexicano para enfrentar esta nueva situación? ¿Cuenta el gobierno de México con las estructuras, las personas, las ideas y el presupuesto adecuados para responder a ella?
Estas son preguntas válidas que ameritan una reflexión en serio y merecen del gobierno mexicano respuestas sinceras. Por mi parte, aquí solo podré compartir algunas pistas muy generales que espero sirvan para una evaluación más detenida de la política de los gobiernos estatales hacia los mexicanos en EU, reservándome para un artículo próximo lo relacionado con el gobierno federal.
En cuanto a estructuras: En la actualidad, prácticamente todo gobierno estatal de México cuenta con alguna oficina para atender los asuntos relacionados con los migrantes, incluso, algunas de ellas cuentan, además, con representaciones en algunas ciudades estadounidenses. Estas oficinas tienen el rango institucional que cada gobernador prefiere atribuirles: el de algunas es de Dirección o Coordinación, el de otras es de Instituto, solo en tres estados es de Secretaría y, está el caso atípico de la Ciudad de México, donde la atención a sus oriundos es contratada a una organización no gubernamental en México que, a su vez, subcontrata a una empresa privada en EU.
La figura burocrática que adopta cada oficina es importante porque determina en buena medida el acceso que su titular tiene al gobernador, así como el presupuesto y el personal que se le asigna que, a su vez, repercuten en la calidad y cantidad de los servicios y la intensidad de la relación que establecen con sus oriundos. Aunque en varios estados el rango de esta oficina no se corresponde con la cantidad ni las necesidades ni el aporte de sus migrantes, es de reconocerse que en esta área sí ha habido algún progreso, al menos en comparación con la situación que había un par de décadas atrás cuando casi la mitad de los estados no contaban con oficina alguna.
En cuanto a las personas: ¿Podría decir cada gobernador, con absoluta sinceridad, que los funcionarios a quienes ha encargado de estos asuntos son los mejores dotados para sacar adelante la tarea? La realidad es que las oficinas estatales que cuentan con titulares experimentados o capaces pueden ser contadas con los dedos de una mano. La mayoría de los gobernadores no han dado relevancia a este puesto, porque creen que cualquier recomendado será capaz de administrar una relación provechosa entre el gobierno estatal y sus oriundos en el extranjero o porque esta relación simplemente no les interesa.
En cuanto a las ideas: El limitado talento personal de la mayoría de los titulares de estas oficinas se refleja directamente en las ideas para servir y relacionarse con sus migrantes. En la mayoría de los casos se limitan a administrar, con mayor o menor eficiencia, una miscelánea típica que consiste de: apoyos a sus migrantes en el trámite de algunos documentos, apoyos para el transporte de los deportados y los fallecidos en el extranjero, el Programa 3X1 para Migrantes y el Fondo de Apoyo a Migrantes. Fuera de estas actividades es raro encontrar otros servicios o programas que denoten creatividad, innovación o algún compromiso extraordinario de algún gobierno estatal. Por esta y otras razones, estos funcionarios realmente no están capacitados para actuar ante contingencias como la que parece estar a la puerta.
En cuanto al presupuesto: Casi todos los gobiernos estatales destinan a la atención de los migrantes la menor cantidad de dinero posible. Si bien algunos gobernadores pueden lucir planes estatales con objetivos grandilocuentes en materia migratoria y hacer discursos complacientes cuando se encuentran frente sus oriundos en Estados Unidos, lo cierto es que esto lo olvidan fácilmente a la hora de asignar presupuesto en este rubro. La actual miseria de los presupuestos en materia de migrantes es un problema de prioridades gubernamentales y no de austeridad; esto lo demuestra el hecho de que los estados con mayores recursos a su disposición son precisamente los que menos invierten en la atención de sus migrantes.
En fin. Luego de la elección de Donald Trump, en los estados se ha puesto de moda el declarar que están preparándose para recibir a nuestros paisanos. Obviamente que nadie disputará la bondad de tan buenas intenciones; pero sin cambios fundamentales en los puntos arriba propuestos por Pelayo ¿de dónde sacan los gobernadores (de todas las procedencias partidistas) que pueden hacerlo? Antes de hacer nuevas promesas, les haría bien revisar qué han hecho para atender a los cerca de 3 millones de mexicanos que ya han sido deportados durante la administración de Barack Obama.
*  El autor radica en Chicago desde 1986, es miembro de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, y autor de varios libros y numerosos artículos GC sobre la vida de los mexicanos en EU.

Correo electrónico: mxsinfronteras@gmail.com

Chicago, IL, a 30 de noviembre de 2016.

Facebook Twitter Email