La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de Migración, al gobierno de Baja California y al municipal de Tijuana implementar medidas cautelares ante flujo de migrantes nacionales y extranjeros en la zona.
EL organismo explicó mediante un comunicado que documenta el aumento de personas que llegan a Tijuana desde el pasado 17 de julio para solicitar a las autoridades norteamericanas, por la garita internacional de San Ysidro, protección internacional en los Estados Unidos.
Precisó que el 12 de septiembre advirtió la presencia de unas 1.100 personas, entre ellas 300 de origen mexicano, y conoció la presencia de 2.000 migrantes procedentes de Haití, que esperan fichas por parte del gobierno estadounidense para la obtención de visas humanitarias.
Por ello, la CNDH pidió a las autoridades mencionadas que de manera coordinada y de acuerdo con sus competencias, instruyan las medidas para que se proporcione alojamiento temporal a las poblaciones extranjera y nacional que se encuentre en situación de calle. Con prioridad a los niños y adolescentes, así como mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad.
Además solicitó que se les proporcione alimentación, espacios para aseo y atención médica-psicológica con la finalidad de que se les pueda brindar el cuidado adecuado, especialmente a los grupos vulnerables mencionados, con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos.
Asimismo, se les requirió implementar acciones que tiendan a otorgar la seguridad pública necesaria, en tanto dichas personas permanezcan en la ciudad de Tijuana, en los lugares de pernocta y durante su espera para ser atendidos por la autoridad norteamericana.
Destacó que se dio un plazo de 24 horas a las autoridades de los tres niveles de gobierno para implementar dichas medidas durante el tiempo que se requiera, evitando así la consumación irreparable de hechos que supongan violaciones de los derechos humanos.
El organismo, puntualizó que los escritos fueron dirigidos al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado; al secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, Francisco Rueda Gómez.
Además, al secretario de Desarrollo Social de Baja California, Alfonso Álvarez Juan, y al presidente Municipal de Tijuana, Jorge Enrique Astiazarán Orcí.
La CNDF fundamentó su solicitud en los artículos 3, 6 fracción II y 40 de la Ley del Organismo Nacional, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, y tiene como objetivo conservar y proteger a una persona en el goce de sus derechos humanos, así como en la Ley de Migración y otras.