Por EMILY GARCÍA RAMOS
En 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con el firme apoyo del gobierno federal. Para 1936 la STPRM reclama reivindicaciones económicas favorables para los trabajadores entre las cuales estaban: una jornada laboral de 40 horas semanales, salario mínimo de 5 pesos, jubilaciones, entre otras.
Al no tener una respuesta satisfactoria en 1937 los miembros de STPRM manifestaron su decisión de declarar la huelga para presionar a los empresarios, presentaron una queja ante Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) como conflicto de carácter económico y al confirmarse que las empresas tenían los recursos suficientes para cumplir con dichas solicitudes estás entrarían en vigor a partir de la primera semana de 1938.
El 18 de marzo de 1938 en defensa del patrimonio nacional, el presidente mexicano, General Lázaro Cárdenas del Río expidió el decreto para la expropiación petrolera, apoyado por el pueblo de México movilizado y que aportó recursos para la indemnización de las empresas extranjeras.
Un antecedente importante a la expropiación fue la implementación de la Ley de Expropiación de 1937 en la encontramos como objetivo principal la de establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones.
