POR MARC BASSETS
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La sociedad y la política raramente avanzan en sincronía. Ocurre en Estados Unidos con la inmigración. Este es un país cada vez más multiétnico: en 2040 vivirán aquí más ciudadanos pertenecientes a minorías —hispanos, asiáticos, negros, multirraciales— que blancos de origen europeo. También es un país con millones de personas —unos once, según algunos cálculos— que viven en la penumbra legal, sin documentos y bajo el riesgo de la deportación: son los inmigrantes sin papeles.
En 2014, tras años de bloqueo legislativo y retrasos repetidos en Washington, el presidente Barack Obama —hijo de un negro de Kenia y una blanca de Kansas, nacido en Hawái y criado en Indonesia— empezó a afrontar esta realidad. Lo hizo de manera imperfecta. Con medidas parciales y provisionales, arregla algunas incogruencias de las leyes migratorias de EE UU. Por primera vez en años, la política toma nota de los cambios de fondo que están transformando la primera potencia mundial.
El 20 de noviembre, el demócrata Obama anunció una serie de acciones ejecutivas —decretos y otras decisiones unilaterales del presidente— para sacar de la sombra a hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados. Las medidas del presidente permiten a estos inmigrantes —la mayoría, de origen lationamericano— eludir la deportación y acceder a permisos laborales. Nunca, desde que en los años ochenta el republicano Ronald Reagan firmó la regularización de cerca de tres millones de indocumentados, tantas personas habían salido de repente de la ilegalidad.
Obama presentó las medidas sobre la inmigración dos semanas después de que el Partido Demócrata perdiese el Senado en las elecciones legislativas. Las elecciones se interpretaron como una humillación para el partido de Obama y para el propio presidente. Es más, liquidaron cualquier posibilidad de que, en los dos años que le quedan a Obama hasta concluir su segundo y último mandato, el Congreso apruebe una ley de inmigración que, como desean los demócratas y algunos republicanos, abra la vía a la regularización de los once millones de indocumentados.
Con el Senado y la Cámara de Representantes en manos republicanos, Obama no tenía nada que perder. Por eso actuó por su cuenta, sin el Congreso y sacando el máximo partido a los poderes del poder ejecutivo. No habría actuado sin la presión obstinada de los grupos de presión, los lobbies en favor de los derechos de los inmigrantes. Los activistas latinos, incansables, recordaron durante años al presidente sus promesas y le exigieron cobrarse un cheque: ellos se movilizaron por Obama en las campañas presidenciales de 2008 y 2012, y el voto latino decantó el resultado en algunos estados que decidieron la elección.
Al anunciar la regularización de hasta cinco millones de inmigrantes, el presidente reconocía la realidad de los Estados Unidos en tranformación. El demógrafo William Frey detalla la transformación en el recién publicado Diversity Explosion. How New Racial Demographics are Remaking America (Explosión de diversidad. Cómo la nueva demografía racial está rehaciendo América). En 2011, explica Frey, por primera vez en la historia nacieron más niños de minorías que blancos de origen europeo. La latinización de EE UU ya no proviene de la inmigración, que está estancada, sino de los nacimientos de hijos y nietos de inmigrantes.
Así se explican que las medidas de Obama se dirijan, principalmente, no a los recién llegados, que son relativamente pocos, sino a quienes entraron en EE UU siendo menores de edad y a los sin papeles con hijos nacidos aquí y por tanto con la ciudadanía norteamericana. Pero la reforma de 2014 no es una reforma completa, como la que, sin éxito, intentaron Obama y, unos años antes, su antecesor, George W. Bush. Ambas reformas naufragaron en el Congreso. Obama se ha quedado a medias. Sus medidas dejan fuera a 6,4 millones de indocumentados y sólo serán vigentes durante tre años. El siguiente presidente podrá revocar las medidas. Obama ha dado un paso importante, pero el trabajo está por terminar.
