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Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Las agresiones a migrantes continúan en México a cuatro años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en donde 72 de ellos -58 hombres y 14 mujeres- fueron asesinados por integrantes del crimen organizado y “lo peor está por venir”, advirtió el sacerdote y director del albergue Hermanos del Camino de Ixtepec, Oaxaca, Alejandro Solalinde.

El también activista social señalaó que “esto (asesinatos de migrantes) va a reventar y tanto los países de origen de esos migrantes, como México y Estados Unidos serán responsables por no proteger a los seres humanos”.

Todo ocurrió un 23 de agosto del 2010. A los pocos días de encontrarse los cuerpos, el gobierno federal, encabezado entonces por el ex Presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, anunció que se pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros migrantes.

Un año después, entre abril y mayo de 2011, se encontraron 49 fosas clandestinas, también en San Fernando, con 193 migrantes. Se cree que eran pasajeros víctimas de los secuestros masivos a autobuses que hubo en esa época. No hubo denuncias.

El diario español El Mundo reveló en un reportaje publicado este sábado que cuando se localizaron los cuerpos, unos quedaron en Tamaulipas, otros los llevaron al DF y un puñado de ellos fueron cremados.

Uno de los dos únicos sobrevivientes de la masacre, un ecuatoriano que entonces tenía 17 años, contó a la prensa: “Nos rodearon tres carros. Nos llevaron a una casa. No nos pidieron nada, solo dijeron: ¿Quieren trabajar con nosotros? Y nadie quiso. Nos amarraron las manos atrás, nos tuvieron ahí una noche. Después nos botaron boca abajo y escuché un ruido, que disparaban. Mataron a todos. Cuando se fueron, corrí”. El Mundo compartió una entrevista realizada a Doña Ángela, familiar de uno de los muertos, quien revela su miedo ante amenazas que ha recibido en su propia casa: “Mis dos hijos y mi esposo fueron masacrados, pero en total represento a siete personas asesinadas ahí. No hay medicina para este dolor, hasta nos quisieron extorsionar diciéndonos que habían aparecido. Es muy fuerte”, lamenta esta guatemalteca en un discurso grabado por las organizaciones civiles que la apoyan.

Una madre hondureña también alzó la voz y se queja luego de no recibir los restos de su hijo repatriado: “abrí el ataúd y había 17 bolsas plásticas de diversos colores, un pedazo de carne con tierra y gusanos y más bolsas, pero no el cadáver, ¿por qué este engaño?”.

En el caso de las fosas, así como en la masacre de los 72, se considera que hubo participación directa o indirecta de funcionarios y autoridades pero la justicia, como denuncia Amnistía Internacional (AI), “continúa pendiente”.

Esta semana, AI lanzó un llamado “urgente y enérgico” a esclarecer los hechos, asimismo el Instituto Federal de Acceso a la información (IFAI) acaba de exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) que haga públicos los documentos relacionados con la masacre y que la fiscalía se había negado a ofrecer con el argumento de que se encontraban reservados por 12 años.

La PGR solo anunció en octubre de 2010 la detención de ocho personas acusadas de planear y ejecutar el multihomicidio pero no se sabe si fueron liberados, condenados o sigue el proceso en su contra. Sin verdad no hay justicia, recuerdan las víctimas.

De acuerdo con un informe de febrero de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, fueron vinculados a la investigación penal 17 funcionarios, de los cuales siete están siendo procesados. Parece que la gran mayoría de ellos eran policías municipales.

El mismo documento dice que cables desclasificados estadounidenses de 2010 y 2012 muestran que las autoridades mexicanas estaban informadas de los crímenes de los Zetas y dejan entrever sospechas de posibles complicidades de los tres gobernadores que tuvo Tamaulipas de 1993 a 2011. Y la situación, insiste el padre Solalinde en entrevista para El Mundo, “puede empeorar”.

El mes pasado, en solo unos días, las fuerzas de seguridad rescataron a 231 migrantes secuestrados en varios puntos de Tamaulipas, una muestra de que la trata de personas y su extorsión, es un negocio en auge.

PROGRAMA PROMUEVE CULTURA MIGRATORIA

Omar de la Torre de la Mora, Jefe de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, señaló que para el gobierno federal es prioritaria la transformación de la cultura migratoria, como lo establece el Programa Especial de Migración 2014-2018.

A través de un comunicado, refiere que por ello es importante difundir el marco normativo en la materia y exigir el pleno respeto de la ley para proteger a las personas con esta condición.

En el Senado de la República presentó las obras Legislación migratoria e instrumentos jurídicos para la gestión de la migración en México 2013, y Guía de información útil. Nacionalidad mexicana.

Explicó que la divulgación de este material fortalecerá la protección de los derechos de los migrantes y les garantizará mayor certeza en la resolución de los trámites que deben realizar si desean visitar nuestro país o residir en él.

Por su parte, en un comunicado, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la Senadora Ana Gabriela Guevara, resaltó la importancia de promover el marco jurídico en materia migratoria, ya que ofrece oportunidades de mejora para que la norma legal se traduzca en beneficios concretos para las personas migrantes.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Max Diener Sala, destacó la riqueza que aportan las migraciones a la diversidad cultural del país, por lo que el gobierno de la República deberá seguir fortaleciendo el conocimiento sobre los derechos de las personas migrantes y garantizando su ejercicio.

Diener Sala subrayó que las reformas en la materia de los últimos años, en particular las leyes de Migración y sobre Refugiados y Protección Complementaria, deben corresponderse con un trabajo en favor del arraigo de una nueva cultura sobre las migraciones, cuyo fundamento último está en la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos.

Por su parte, Cecilia Imaz, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, apuntó que el reto en materia migratoria es de voluntad política, con apego al marco jurídico, ya que “los que salen, ingresan y transitan deben ser tratados con respeto y seguridad, garantizándoles sus derechos humanos”.

La normatividad vigente y las guías informativas forman parte de una visión proactiva de la política migratoria del Estado mexicano, cuyas acciones están enmarcadas en una estrategia donde el objetivo es el respeto y la promoción de un ambiente favorable para la integración social y cultural de los migrantes, indicó.

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