Histórico expulsor de migrantes, Zacatecas sigue vaciándose. La gente continúa buscando oportunidades en Estados Unidos, pero también desaparece por obra de las bandas delictivas que prevalecen en caminos y carreteras, o simplemente huye para salvar la vida. Un triste indicador del abandono es que este año la Secretaría de Educación y Cultura ha cerrado decenas de escuelas porque ya no acuden los niños.
ZACATECAS, Zac. (Proceso).- Al desempleo y la pobreza que obligan a emigrar a los pobladores de las zonas rurales de Zacatecas, ya se sumaron la exacerbada violencia y la inseguridad pública.
El especialista en migración Miguel Moctezuma Longoria, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señala que al menos 30 de los 58 municipios del estado acusan un “despoblamiento acumulado” en el continuo proceso migratorio de esta región durante las dos décadas pasadas.
Pese a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha reportado que desde 2010 Zacatecas presenta una tasa de crecimiento de 1.8% anual, cuando el promedio nacional es de 1.7%, Moctezuma Longoria aclara que la violencia y la inseguridad en el sector rural “son un factor importante” en el abandono de poblaciones enteras.
En cifras de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), durante los primeros 10 meses de este año cerraron por falta de estudiantes 32 escuelas primarias, seis de nivel prescolar y dos telesecundarias en comunidades rurales.
Reportes elaborados por la Subjefatura de Catálogos Básicos de la SEC, de los cuales este semanario tiene copia, seis escuelas de nivel prescolar cerraron en las comunidades de Las Azucenas y Morones, municipio de Tlaltenango; en El Cerrito Pelón, municipio de Atolinga; en la localidad Lo de Nava, de Jerez, así como los jardines de niños de las poblaciones San Ramón y Los Aparicio, respectivamente en los municipios de Loreto y Tepetongo.
En el apartado “Movimientos de clausura de primaria del ciclo escolar 2012- 2013”, la SEC incluye a las escuelas Salvador Varela, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Pancho Villa, José María Morelos, Felipe Ángeles e Ignacio Allende, ubicadas en distintas comunidades de Nochistlán, municipio del suroeste del estado que colinda con Jalisco.
En Sombrerete, municipio limítrofe con Durango, la escuela Juan José Arreola, de la comunidad El Arenal dejó de funcionar. En Fresnillo fueron clausuradas las primarias ubicadas en El Tejuján, Noria de Santa Rosa y Ojo de Agua del Tule.
La SEC también tuvo que cerrar una escuela primaria en cada una de las siguientes comunidades: Amoxóchitl, Los Encinos, Remudadero de Abajo, Los Adobes, Rincón Grande y La Presa, pertenecientes a los municipios de Juchipila, Tabasco, Huanusco, Atolinga, Tlaltenango y Teúl de González Ortega, respectivamente.
Igual suerte corrieron dos primarias de Santa María de la Paz y otras tantas de Villanueva, mientras que en el municipio de Monte Escobedo fueron cuatro las escuelas de ese nivel que cerraron.
También se reportaron “movimientos de clausura” en los municipios de Tlaltenango, Chalchihuites, Sain Alto, Tepetongo, Nochistlán, Jerez, Mazapil y Concepción del Oro, así como en las comunidades de Pueblo Viejo y El Marín, en los municipios de Juchipila y Pánfilo Natera.
Un funcionario de la SEC, quien pide no publicar su nombre por temor a represalias de Marco Vinicio Flores Chávez, titular de la dependencia estatal y exdirigente local del SNTE, indica que en los recientes tres años la SEC ha “trasladado” decenas de primarias del modelo educativo formal al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).
Según los criterios de las autoridades educativas de Zacatecas, para que un plantel trabaje al menos con dos maestros debe contar al menos con 30 alumnos, de lo contario se convierte en “unitaria”: un solo profesor imparte clase a los alumnos de primero a sexto grados en el mismo salón.
La situación se torna crítica cuando en una comunidad rural acuden a clase menos de 15 niños. En ese caso la SEC cierra la escuela y “transfiere” dichos alumnos al Conafe, que los atiende con un “instructor comunitario”, que no da clase sino asesora a los niños por un salario de mil 300 pesos quincenales. Actualmente el Conafe cubre de esta forma a 751 comunidades zacatecanas.
El entrevistado revela otros casos: “Recientemente se generó el cierre de dos instituciones en las localidades de Corral de Piedra y San José de Huaracha, municipio de Jalpa. En la primera ya cerraron prescolar y primaria, y se tambalea la telesecundaria en San José de Huaracha, donde la primaria ya cerró”.
Otro problema en el ámbito educativo del estado es la desaparición de maestros, atribuida a la delincuencia organizada.
Un abogado de la SEC menciona que un maestro de educación física del municipio de Moyahua fue levantado por un comando hace varios meses y todavía no aparece. Su familia no ha denunciado formalmente el hecho en la procuraduría del estado, “lo que genera en definitiva otro conflicto para la SEC, pues se enfrenta a la laguna legal para tratar esos eventos, ya que la ley del servicio civil del estado de Zacatecas no maneja esta causa de recisión laboral, sin responsabilidad para el patrón”.
“Lo procedente –agrega– sería levantar un acta administrativa al trabajador ausente por faltas injustificadas, pero incluso en este caso, al momento de buscar testigos de cargo, los compañeros del desaparecido no desean involucrarse por temor y entonces no se puede seguir el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.”
El abogado ha visto “el peregrinar de los familiares pidiendo que no se les quite el sueldo porque es el sustento de la familia. Se les informa que deben dar aviso a la autoridad judicial, de lo contrario se tiene que dar de baja al docente levantado, seguido de la suspensión de sueldo. La familia se enfrenta también ante la imposibilidad de realizar trámites de seguros de vida, porque para que esto suceda se tiene que contar con un cadáver, el cual no está”.
Cómo se hace un pueblo fantasma
El 29 de octubre el tableteo de armas largas y la matanza de una joven familia aterrorizó a los habitantes de San Ysidro de Trujillo, una comunidad rodeada de cultivos de frijol, cebada y maíz, ubicada a 25 kilómetros de Fresnillo.
El comisariado ejidal llamó por teléfono a la base militar de Fresnillo y pidió apoyo. Le respondió un soldado del 97 Batallón de Infantería, pero el destacamento castrense no acudió.
En Zacatecas abundan los testimonios de personas que llamaron a la zona militar del municipio de Guadalupe, o a las bases de Jalpa, Tlaltenango o Fresnillo, y los uniformados, cuando aparecen, dejan pasar dos o tres horas a fin de llegar cuando el tiroteo ya se terminó.
“Es la orden del alto mando, mi jefe: nosotros no salimos hasta que se hayan matado entre ellos (los pistoleros)”, se justifica un oficial consultado por el reportero. Los militares se concretan a “levantar el reporte”.
La tarde del 30 de octubre, 14 horas después de la masacre, llegaron en cuatro vehículos elementos de la Policía Ministerial con peritos de la procuraduría estatal.
Tomaron fotografías del lugar, entraron a la casa de la familia asesinada y se pusieron a recoger los casquillos de bala y los cargadores que los pistoleros dejaron regados. Pero iban tan nerviosos que tan sólo frente a una de las casas dejaron nueve casquillos percutidos de cuerno de chivo.
“Esos que vinieron de Zacatecas también tienen temor. Eran cuatro hombres y dos muchachas. Nomás estaban guachando qué camionetas se acercaban, qué trocas bajaban. Y aunque los policías traían su pistola, ellos nomás eran cuatro, imagínese. Contra esa gente (los delincuentes), si en ese momento se acercaban, ¿qué podían hacer? Nada”, dice un familiar de las víctimas.
Antes de que cayera la noche, las 23 familias de San Ysidro de Trujillo decidieron abandonar totalmente la comunidad. Unos fueron a refugiarse con otros familiares en poblaciones cercanas, otros se sintieron más seguros en casas de sus conocidos de Fresnillo.
En San Ysidro se quedaron las viviendas solas, algunas baleadas, camionetas abiertas y tractores mal acomodados. Se ven juguetes desperdigados en los patios. Sólo perros y gatos merodean esperando a sus amos.
Para la media tarde del jueves 1 sólo habían regresado cuatro familias, y eso en forma temporal, “por pura necesidad”, aclararon: las mujeres a lavar ropa y dar de comer a sus animales de granja; los hombres, a seguir con la cosecha de frijol y cebada.
El familiar de las víctimas sabe que no tienen de otra que atender sus milpas en el día, pero antes de que anochezca todos vuelven a irse de San Ysidro, “porque pueden regresar esas gentes” de la delincuencia organizada.
“En la noche vamos por ahí a quedarnos, y ya en la mañana nos volvemos a arrimar otra vez, a cortar el frijol. Tenemos miedo, no nos vayan a caer de nuevo. Se arrima una troca al pueblo y uno tiene miedo de salir”, admite uno de los agricultores.
Así será, al menos hasta que el estruendo de los rifles automáticos se borre de su memoria. Con todo, este padre de familia se enfrenta a otro problema. De no seguir aquí a pesar de los riesgos:
“Vamos a vender lo poquito que tenemos, las tierras. ¿Cuánto nos van a dar? ¿A dónde vamos a salir a comprar una casa? ¿A cómo nos la van a dar? ¿Cuánto nos va a quedar? ¿De qué vamos a vivir o qué? Está complicado. Así no se puede vivir, pero qué hacemos. Mi tío ya ni siquiera pudo levantar su frijol.”
La carta
La secretaria federal de Turismo, Gloria Guevara Manzo, entregó el 31 de octubre la denominación de “Pueblo mágico” al municipio de Pinos, en el sureste del estado, ya en los límites con San Luis Potosí y Jalisco.
Comparte esta supuesta distinción con Sombrerete, Jerez y Teúl de González Ortega, pero también tienen en común serios problemas de inseguridad pública. Ahí son cotidianos los enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado, los levantones y las ejecuciones.
El gobernador, Miguel Alonso Reyes, y Guevara Manzo encabezaron el acto protocolario donde se otorgó el título a la población fundada en 1554, y que a pesar de su riqueza minera es una de las más pobres de Zacatecas, con un alto índice de migración.
Teúl de González Ortega, en el suroeste del estado, tiene 5 mil habitantes en su cabecera municipal. Está en el grupo de ocho municipios zacatecanos donde la Secretaría de la Defensa Nacional destruyó más de 800 plantíos de mariguana en 2011.
Jerez de García Salinas es, después de la capital y Fresnillo, la tercera población más importante del estado, pero en los últimos tres años la tierra del poeta Ramón López Velarde ha sido escenario de frecuentes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y de éstos contra militares, marinos y policías federales.
Recientemente se han denunciado en Jerez varios levantones, la desaparición de taxistas y ganaderos, así como robos a mano armada de vehículos, particularmente en carreteras de la región de Malpaso-Villanueva.
Caso similar es el de Sombrerete, en el poniente del estado y limítrofe con Durango. Ahí los comerciantes organizados, maestros, empresarios, abogados y representantes de otros gremios enviaron al gobernador una misiva para pedir auxilio.
El llamado de los ciudadanos ocurrió una semana después de que se retiró de la zona un retén de la Marina, lo que provocó –como afirman en su carta, que también hicieron llegar a los medios de comunicación– una oleada de levantones y secuestros. Relatan en la carta:
“El jueves (18 de octubre) los marinos se retiraron de Sombrerete y desactivaron el retén para instalarlo en el vecino municipio de Saín Alto, por lo que los ciudadanos se preguntan el porqué de su decisión tan radical de retirarse del pueblo cuando ellos mismos conocían la problemática del municipio.”
Lo peor, narran, es que “ese mismo día se dejaron ver en el pueblo, cerca de las ocho de la noche, varias camionetas que andaban haciendo escándalo en el pleno centro de la ciudad y se dejaban ver elementos encapuchados y vestidos de policía federal, también con uniformes de soldados y vestidos de civiles.
“Eran muchas las groserías que les dirigían a los ciudadanos y burlas alusivas al retiro de los marinos del pueblo. Gritaban: ¡compramos a la Marina!”
Finalmente, le piden al gobernador Alonso Reyes “que ponga los ojos en este pueblo, que en febrero de este año obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico, y que la magia no radique en la desaparición de nuestra gente”.
(tomado de la revista Proceso)
