¿QUE DEJA EL SEXENIO DE CALDERON A LAS PAERSONAS MIGRANTES?
María de Lourdes Rosas Aguilar
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C
No podemos seguir llamándolas víctimas invisibles, son personas que han sufrido el daño colateral de una guerra injustificada, merecen justicia y no el olvido.
Aproximadamente 70,000 mil personas migrantes desaparecidas, 10,000 secuestros por año, miles de mujeres, niñas y niños víctimas de trata y explotación, fosas clandestinas con cadáveres sin identificar; agresiones a defensores (as) y albergues que brindan asistencia humanitaria; así como una Ley de Migración y Reglamento violatorio de derechos humanos. Sólo por mencionar algunas de las violaciones a los derechos humanos y delitos atroces que se cometen en contra de personas de otra nacionalidad en territorio mexicano. Son las víctimas de una política migratoria que tiene como objetivo la seguridad de las fronteras en contra la seguridad de las personas.
Las acciones de la política migratoria vinculada a la seguridad nacional implementada por el Estado mexicano, con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida[1], que ambos desarrollan desde el año 2010, ha incrementado la ayuda militar y policiaca para orientar las acciones al control de drogas y de personas. En este rubro se encuentran personas que migran y entran por territorio mexicano sin documentación regular para transitar por el mismo, son perseguidas con el fin de detenerlas y regresarlas a sus países de origen sin garantizar el respeto a sus derechos humanos.
Son hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes que tuvieron que salir de su país por necesidad, porque su Estado no les garantiza los derechos fundamentales y en el peor de los casos muchas personas huyen por la violencia social que se vive en sus países. En respuesta a sus necesidades, en México se les priva de su libertad en centros de detención para migrantes, donde no cuentan con las condiciones materiales y no se respetan las garantías mínimas de defensa legal; o peor aún, en su tránsito, personas migrantes encuentran la muerte.
Sin duda el acontecimiento que visibilizó a nivel internacional lo que viven las personas migrantes que transitan por territorio mexicano fue la masacre de San Fernando, Tamaulipas ocurrido en agosto de 2010, donde fueron encontradas setenta y dos personas sin vida de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, hondureña, ecuatoriana y brasileña. Este evento lamentable, hizo visibles las denuncias que la sociedad civil había hecho al gobierno de México y posteriormente organismos a nivel internacional[2], sobre los riesgos a los que se exponen las personas migrantes que transitan por su territorio, la necesidad de protección, así como la adecuación de un marco normativo en materia migratoria que garantizara el respeto de los derechos humanos.
Como respuesta el gobierno mexicano elaboro una Ley de Migración (LM) y Reglamento. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil[3] entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C (CDH Fray Matías) han denunciado en reiteradas ocasiones que la LM aprobada en 2011 y Reglamento que entro en vigor en noviembre de 2012, son violatorios de derechos humanos, al no atender a las necesidades de los diversos flujos migratorios que existen en México.
La realidad que viven las personas migrantes en tránsito por territorio mexicano es una emergencia humanitaria y requiere ser atendida en todos los niveles de gobierno, tanto nacional como regional. A lo largo de los años el CDH Fray Matías ha documentado que las personas migrantes en tránsito, las que están privadas de su libertad, las que se quedan a vivir en México, así como los solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, son invisibles dentro de las políticas públicas negando el acceso a derechos fundamentales, tales como empleo, educación, salud, identidad; asimismo, sufren, la discriminación de la población local.
Lo que encuentran las personas migrantes, refugiadas y sus familias en territorio mexicano de acuerdo a testimonios, denuncias y quejas documentadas por las casas de migrantes, albergues, organismos de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos, es la vivencia de los peores actos violentos cometidos en contra de un ser humano y la criminalización de SER MIGRANTE antes que SER PERSONA, por una política de seguridad nacional que Estados Unidos aplica en México con la complicidad del gobierno mexicano, mediante la Iniciativa Mérida