El diagnóstico “Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, generadas por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica”, obedece a un esfuerzo conjunto entre el ACNUR y el CIDEHUM por evidenciar la situación de las víctimas del Crimen Organizado (CO) al interior de sus países de origen y en el exterior, en los países de tránsito y destino. El CO comprende toda una estructura organizada y coordinada entre sí, que incluye redes de narcotráfico, pandillas, maras y grupos criminales, que operan desde el nivel local hasta el transnacional. El diagnóstico pretende analizar las necesidades de protección nacional e internacional que requieren las víctimas del CO y establecer las posibilidades de atención institucional (gubernamental, internacional y de sociedad civil) en dichos ámbitos.
El número total de refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos (principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras) si bien ha aumentado en los últimos años, representa sólo una porción de la población que se ha desplazado y que podría necesitar protección internacional. Esta tendencia podría intensificarse a causa de problemas de seguridad y de violencia generados por el accionar del CO, que lleva a las personas a desplazarse internamente o a cruzar fronteras para procurar protección internacional cada vez en más países. A falta de registros oficiales sobre la cantidad de personas desplazadas forzadas por el CO en la región centroamericana, una aproximación a la magnitud de esta situación puede darse revisando los índices de homicidios en los países concernidos, la identificación de zonas de riesgo y las zonas en las que se ha reportado el desplazamiento forzado por parte del CO, las cifras de las personas deportadas y expulsadas desde países de Norteamérica y las solicitantes de la condición de refugiados por persecución del CO. Todas esas cifras han ido en aumento durante los últimos años. Tradicionalmente, los solicitantes de protección internacional de países centroamericanos piden el reconocimiento de la condición de refugiado en Estados Unidos de América, Canadá o en otros países de la región (México, Costa Rica y Panamá). Algunos de estas personas, tras ser reconocidas como refugiadas por los Estados receptores, se acercan al ACNUR solicitando que sus casos sean procesados para reasentamiento, principalmente a Estados Unidos de América y Canadá.
Desde el punto de vista metodológico se procedió a:
– La revisión y análisis de datos bibliográficos y estadísticos.
– La recolección y análisis de datos no sistematizados y levantamiento de datos socio-geográficos: visitas de campo en México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; considerando las siguientes fuentes de información: Ministerios de Gobernación (Seguridad, Policía), Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Direcciones de Migración, Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, Ministerios Públicos, Defensorías, agencias del Sistema de Naciones Unidas, Organizaciones de Sociedad Civil e informantes calificados (organizaciones de desaparecidos y víctimas). Se realizaron entrevistas semi-estructuradas y estudios de casos, observación en zonas urbanas, rurales y puestos fronterizos; levantamiento de información geográfica y territorial estratégica y espacialización del fenómeno del desplazamiento forzado.
– El análisis de la información y planteamiento de acciones y estrategias, definición de conclusiones y recomendaciones que permitan establecer las diferentes necesidades de protección de las personas desplazadas forzadas por la violencia y la criminalidad organizada en la región centroamericana, el papel de los Estados, del Sistema de Naciones Unidas y del ACNUR, así como de los Organismos Internacionales y de las Organizaciones de Sociedad Civil. 6
Los principales hallazgos de este diagnóstico, se detallan de manera siguiente:
• En la Región Centroamericana las personas continúan emigrando a otros países por distintos motivos. Se mantiene como constante la migración económica/laboral por las dificultades de situación socioeconómica imperante y la búsqueda de mejores niveles de bienestar. Por su parte, el accionar del CO genera desplazamiento forzado al interno y externo de los países. Este último motivo se evidencia con mayor intensidad en los últimos 3 años en los países del triángulo norte centroamericano, lo que se ve reflejado en el aumento de los índices de violencia (homicidios, criminalidad) precisamente en las zonas de impacto y zonas de riesgo ante el accionar del CO.
• El CO ha aumentado su presencia y efectos negativos en Centroamérica, lo cual se evidencia por medio de las extorsiones, asesinatos, reclutamiento forzoso, control estratégico de territorios, el temor generalizado en la población, el aumento de los índices de violencia (históricamente elevados en estos países) y la colusión y el debilitamiento de las estructuras de los Estados. Ante esta situación, la protección nacional está siendo un recurso incipiente, ineficaz e insuficiente, no por falta de voluntad política de los Estados, sino por la mayor presencia del CO y la violencia generada por su accionar.
• A partir del accionar del CO, tanto las víctimas (desplazados forzados) como la población en riesgo, han adolecido de mecanismos de protección nacional efectivos (en el caso del desplazamiento forzado interno) e internacional (cuando se da el cruce forzoso de fronteras). Ante la desprotección, esta población se esconde, huye, emigra de manera irregular, busca sumarse y confundirse con la población que migra hacia el norte por motivos socioeconómicos y, en general, no solicita directamente protección internacional como refugiados por temor a que el CO o sus sectores afines les identifique.
• La población más vulnerable ante el accionar del CO son las personas menores no acompañadas, así como las mujeres solas y las mujeres jefas de hogar con hijos e hijas pequeñas. Sus necesidades de protección están relacionadas con la salvaguarda de sus vidas e integridad personal. Existen carencias importantes respecto de:
– la información adecuada para obtener protección para las víctimas y para sus familias,
– la protección efectiva en caso de realizar denuncias públicas,
– la protección disponible en caso de producirse el desplazamiento interno, y
– la protección requerida en caso de cruce de fronteras.
A su vez, se ponen en evidencia una serie de necesidades relacionadas con la condición traumática en que se encuentran las personas víctimas a causa de múltiples pérdidas significativas, materiales y emocionales, por ejemplo el puesto de trabajo, la casa o un familiar cercano. Destaca el miedo, la desconfianza generalizada y las dificultades para tomar decisiones adecuadas respecto a su futuro inmediato y proyecto de vida. En estas condiciones, tienen dificultades para solicitar de manera efectiva la protección correspondiente.
• Existen territorios estratégicos controlados por un sistema funcional y orgánico del CO a nivel local, comunitario, territorial e institucional. En este diagnóstico se identificaron y ubicaron zonas de riesgo y zonas expulsoras de población local por el accionar del CO en los países del triángulo norte centroamericano. Los mayores índices de violencia y criminalidad en estos países se encuentran precisamente en esas zonas identificadas. Estas zonas forman parte de un flujo regional que moviliza drogas, armas, contrabando de mercancías y personas (evidenciándose la trata de 7
personas y el tráfico ilícito de migrantes). Este flujo forma parte de una red más amplia que conecta a Sudamérica (desde y hacia Colombia) con Norteamérica (desde y hacia México y Estados Unidos de América). Las formas de control de territorios que utiliza el CO son diferentes en cada país, pero con un solo fin: el traslado de droga del sur hacia el norte y el tráfico de armas del norte hacia el sur. Por ejemplo, en Honduras la utilización de las maras para controlar territorios estratégicos genera altos índices de violencia y criminalidad cotidiana; en algunas regiones de El Salvador se han apoderado del control institucional comunitario, reemplazando y comprando funcionarios y estableciendo procedimientos propios y “reglas del juego” para la vida comunitaria; mientras que en Costa Rica el CO tiende a controlar territorios estratégicos para propiciar el paso libre de personas, mercancías, drogas y armas.
• En las visitas in situ se observó la falta de infraestructura y empoderamiento de autoridades locales de Migración y Policía en su labor de control y protección de personas víctimas y personas vulnerables a ser captadas por el CO. En varios de los países visitados, la Policía de Frontera se considera “dejada de lado” por la centralización de las decisiones, lo que les da una sensación de abandono o despreocupación ante la tarea que deben enfrentar contra el CO.
• Se hace especial énfasis en el ciclo de desplazamiento forzado de víctimas en condiciones de riesgo, en el que la desprotección y la persecución por parte del CO se expresa en diferentes ámbitos: las personas se ven obligadas a abandonar sus casas, salen en búsqueda de familiares a otras zonas del país, se desplazan forzadamente a otras zonas más alejadas y a menudo terminan cruzando frontera internacional. Un primer mecanismo de protección es optar por el desplazamiento forzado interno, el cual puede tener efectos continuados en distintos lugares del país, en tanto las personas se desplazan de un lugar a otro en busca de protección. Muchas de las personas que cruzan una frontera internacional lo hacen de manera irregular, por lo que en su gran mayoría son deportados o expulsados de los países receptores. Ante la desprotección y la vulnerabilidad en que quedan estas personas, pueden ser reclutadas forzosamente por el CO y revictimizadas. En consecuencia, las personas que abandonan el país a raíz de situaciones de desprotección frente al CO, al ser deportados o expulsados se convierten en personas aún más vulnerables al accionar del CO, en tanto pueden volver a sufrir las mismas situaciones de violencia que generaron su salida inicial del país.
• Los Estados, Organismos Internacionales y las Organizaciones de Sociedad Civil, aún no han reconocido el desplazamiento forzado interno y externo a causa del CO como una situación real y emergente, que requiere de respuestas desde una perspectiva humanitaria y de seguridad humana. Se enfrenta al CO como una situación de seguridad nacional y regional, pero se obvian las consecuencias humanitarias y las necesidades de protección de las víctimas, y en particular se desconoce e invisibiliza el desplazamiento forzado generado. Esta situación brinda mayores oportunidades al CO para continuar impune y seguir generando desprotección, ante la falta de políticas públicas y legislaciones nacionales y regionales, que estén acordes a los instrumentos internacionales ratificados por los países centroamericanos, y que respondan adecuadamente a las necesidades humanitarias de quienes son víctimas del desplazamiento forzado.
