Cuando llegaron a la frontera sur tras cruzar volcanes, selvas y retenes, a más de 300,000 ciudadanos cubanos se les entregó un documento oficial expedido por la Patrulla Fronteriza: la Orden de Liberación Bajo Reconocimiento (Formulario I-220A). Para muchos representó el respiro del fin del cautiverio y la antesala de la regularización bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Sin embargo, lo que parecía un boleto a la estabilidad se ha transformado en una pesadilla procesal que mantiene a miles de familias en un callejón sin salida administrativo y judicial.
“Nos otorgaron la entrada, pagamos impuestos, tenemos negocios y nuestros hijos estudian aquí, pero para el sistema no somos ni asilados ni residentes; somos personas en una lista de espera indefinida a las que un juez puede ordenar expulsar en cualquier audiencia.”
— Movimiento de Afectados por el I-220A / Alianza Cubanoamericana de Derechos Legales
La sentencia de la BIA y el muro contra el ajuste de estatus
El origen del limbo radica en una controversial resolución de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que determinó que el documento I-220A no equivale a un «parole humanitario» oficial, requisito indispensable para acogerse al beneficio del año y un día de la Ley de Ajuste Cubano. Esta disparidad de criterios entre circuitos judiciales provoca que solicitantes en Florida o Texas reciban negativas inmediatas, dejándolos a expensas de procesos de asilo sumamente complejos y saturados que tardan hasta cinco años en resolverse en cortes federales.
Reclamos colectivos y llamados a una solución humanitaria
Organizaciones civiles y congresistas de origen hispano continúan demandando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que emita un remedio administrativo colectivo, concediendo un parole retroactivo a los portadores del documento que carezcan de faltas penales. Mientras tanto, abogados especialistas aconsejan no faltar a ninguna audiencia de corte, mantener vigentes las renovaciones del documento de autorización de empleo (EAD) y explorar vías alternas de petición familiar o laboral para evitar caer en órdenes de remoción definitiva.
