Durante los últimos dos años, la política migratoria estadounidense promovió la premisa de que quienes aspiraran a obtener protección debían utilizar exclusivamente «vías legales, seguras y ordenadas». Sin embargo, el panorama en 2026 revela el desmantelamiento casi total de esos mismos mecanismos institucionales, dejando a decenas de miles de personas atrapadas en un laberinto sin salida regular.
“Hicimos todo conforme a la ley: esperamos meses en México, solicitamos la cita en el teléfono y presentamos nuestros patrocinadores. Ahora que borraron los programas de un plumazo, nos dicen que nuestro único destino es una corte para ser deportados.”
— Leosbel Machado, solicitante cubano en Ciudad Juárez
El cierre digital de la frontera
El primer golpe estructural fue la eliminación definitiva de las funciones de agendamiento de asilo en la aplicación móvil **CBP One**. Las citas programadas fueron canceladas y los puertos de entrada suspendieron el procesamiento de solicitudes espontáneas, clausurando la principal puerta de acceso ordenado que existía para los migrantes varados en el norte de México.
A esta medida se sumó la terminación fulminante del programa de **Parole Humanitario CHNV** —que beneficiaba a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que contaban con patrocinadores financieros en EE. UU.— y la cancelación del Parole de Reunificación Familiar (FRP) para siete nacionalidades de la región, junto con el congelamiento en la emisión de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países.
El colapso en las cortes y el beneficio de las redes clandestinas
Lejos de resolver la crisis, el cierre generalizado de las vías regulares ha trasladado la presión a las ya colapsadas **cortes de inmigración**, donde cientos de miles de personas que habían ingresado bajo esquemas de parole enfrentan ahora procedimientos expeditos de remoción sin la posibilidad de solicitar cierres administrativos.
Expertos en seguridad y derechos humanos advierten sobre la consecuencia más perversa de esta política: al suprimir todos los canales formales y legales de ingreso, se otorga un monopolio absoluto de la movilidad humana a las organizaciones del crimen organizado transnacional, empujando a los más vulnerables hacia los peligros mortales de los furgones cerrados, las rutas marítimas precarias y el desierto profundo.
