El viaje hacia el norte a través del corazón de la República Mexicana se ha convertido en una carrera de obstáculos donde el mayor peligro no son las curvas de la carretera, sino los retenes que aguardan en la niebla nocturna. A lo largo del corredor que conecta el norte del Estado de México con Hidalgo y Querétaro, retenes mixtos y patrullas estatales detienen de forma selectiva autobuses comerciales de pasajeros para bajar a toda persona con aspecto foráneo, despojándola de sus ahorros en un esquema de extorsión institucionalizado.
“Nos bajaron del autobús en plena carretera oscura cerca de Huehuetoca. Nos dijeron: ‘O juntan mil quinientos pesos por cabeza o los subimos a una patrulla y de aquí no salen’. Tuvimos que entregar el dinero del pasaje de nuestros hijos para que nos dejaran continuar a pie.”
— Relato de Carlos V., migrante en tránsito / Red de Documentación REDODEM
La violación flagrante al derecho de libre tránsito
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reiterado que las revisiones migratorias en carreteras y terminales fuera de la franja fronteriza son inconstitucionales por violar el derecho a la no discriminación y el libre tránsito. Sin embargo, en el centro del país corporaciones municipales y estatales operan al margen de la ley, utilizando pretextos de «inspección de seguridad» para interrogar a viajeros, confiscar teléfonos móviles y retener tarjetas bancarias bajo la amenaza de una detención indefinida.
Mecanismos de denuncia anónima y acompañamiento legal
Colectivos defensores de los derechos humanos y redes parroquiales instan a las personas afectadas a registrar números de patrulla, placas y nombres de agentes cuando sea seguro hacerlo, canalizando las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Asimismo, se promueve el acompañamiento en caravanas y el uso de credenciales de solicitud de asilo para inhibir los abusos cometidos al amparo de la oscuridad carretera.
