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La red oculta del destierro: Investigación revela 35 acuerdos para deportar migrantes a países ajenos

El proyecto periodístico internacional Deportation Project reveló que Estados Unidos articuló una red de al menos 35 acuerdos bilaterales para trasladar a más de 25,400 migrantes hacia naciones distintas a las de su origen, convirtiendo a México en el receptor del 80% de ellos.

Una exhaustiva investigación periodística transnacional denominada Deportation Project ha sacado a la luz la arquitectura legal y diplomática mediante la cual el gobierno de los Estados Unidos tercerizó su frontera. A través de una red oculta de al menos 35 acuerdos y memorandos de entendimiento con diversos gobiernos, Washington ha canalizado a más de 25,400 solicitantes de asilo hacia naciones terceras con las que no guardan vínculo alguno.

Mesa de redacción periodística investigando mapas y documentos confidenciales de rutas de deportación
Investigación periodística documenta la red de 35 acuerdos para expulsar solicitantes de asilo fuera de EE. UU.

“Estados Unidos ha articulado una red global de más de 35 acuerdos bilaterales para trasladar a solicitantes de asilo fuera de su territorio, dejando a México como el depositario forzoso del 80% de todas las personas expulsadas.”

— Investigación Especial Deportation Project / Monitoreo Regional de Asilo

México como el epicentro de la contención delegada

Los datos documentan que México ha absorbido a casi ocho de cada diez migrantes expulsados bajo este esquema. Desde inicios de 2025 hasta la fecha, más de 20,000 personas de nacionalidades tan diversas como haitiana, cubana, venezolana y centroamericana fueron entregadas en puertos fronterizos mexicanos y posteriormente reubicadas en ciudades del sur como Tapachula y Villahermosa mediante operativos de transporte terrestre y aéreo.

Vulneración flagrante del principio de No Devolución

Expertos en derecho internacional y relatores de la ONU han calificado esta práctica como una elusión calculada del principio de non-refoulement. Al no permitir que los solicitantes defiendan sus casos ante jueces independientes y arrojarlos a países de paso con escasa capacidad de acogida, las potencias firmantes vulneran tratados internacionales fundamentales, profundizando la precariedad de familias enteras.

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