En una contundente acción contra las redes de explotación laboral transfronteriza, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hicieron pública la imputación federal de cinco individuos acusados de encabezar una trama de fraude sistemático contra jornaleros agrícolas mediante el programa de visas H-2A. La estructura criminal operaba ofreciendo puestos inexistentes en campos estadounidenses a cambio de cobros anticipados ilegales que ascendían a miles de dólares por persona.
“Ningún reclutador o empleador tiene permitido cobrar cuotas a los solicitantes por ofertas de empleo o gestión de visas H-2; engañar a familias campesinas y despojarlas de sus pasaportes constituye un delito federal que perseguiremos con todo el rigor de la ley.”
— Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) / Fiscalía Federal del Distrito
Retención de documentos y servidumbre por deudas
De acuerdo con la acusación formal radicada en los tribunales federales, los imputados no solo extorsionaban económicamente a los trabajadores antes de cruzar la frontera, sino que una vez en territorio estadounidense confiscaban sus pasaportes y visas para impedir que denunciaran las condiciones laborales infrahumanas o abandonaran los ranchos. El esquema recurría a la coacción y a la amenaza de reportar a sus familiares en México en caso de insubordinación, configurando claros indicios de servidumbre involuntaria.
Recomendaciones esenciales para no caer en trampas
Frente a esta coyuntura, organizaciones de defensa de los derechos de los jornaleros y la red consular mexicana enfatizaron tres reglas de oro: ningún contratista legal puede exigir pagos por la oferta de empleo; los contratos deben ser entregados por escrito y en español antes del viaje; y la retención del pasaporte por parte de terceros es estrictamente ilegal. Cualquier irregularidad debe canalizarse de inmediato a través de las líneas de asistencia consular o directamente ante las autoridades laborales competentes.
