El Plan Integral para la Frontera Sur (CPSB, por sus siglas en inglés) que México puso en marcha en 2014 en un intento de frenar los flujos migratorios desde América Central está al borde del fracaso.
Dos años después de su implementación, aún no puede alcanzar sus objetivos de asegurar esa frontera, de acuerdo con el Baker Institute de la Universidad Rice de Política Pública que da seguimiento a la evolución del CPSB.
El informe escrito por Luis Arriola Vega, profesor visitante de verano en el Centro de México del Instituto Baker e investigador de El Colegio de la Frontera Sur de México, expone que la frontera sur de México gana más espacio en la agenda bilateral con Estados Unidos por la preocupación ante actividades ilegales de alcance transnacional como el tráfico de drogas, armas y personas.
“En particular, los flujos migratorios procedentes de América Central están en aumento, y la mayoría de los migrantes que pasan por México se destinan a los Estados Unidos. Al igual que otras políticas similares aplicadas anteriormente en México, el CPSB se está desvaneciendo en el olvido, pero no sin dejar consecuencias negativas sobre la política migratoria del país”, escribió Arriola Vega.
México y los Estados Unidos tienen que seguir ejerciendo presión sobre los gobiernos de América Central para que tomen medidas internas que logren detener el flujo de migrantes, plantea Arriola Vega.
“Deben coordinar esfuerzos para ayudar a estos países a mejorar las condiciones internas de seguridad pública y económica a nivel local. Además, México debe hacer cumplir las medidas de protección de los migrantes en tránsito por el país”, expone.
De acuerdo con el investigador, las políticas que se aplican a los migrantes deben ser más compasivas porque actualmente se les victimiza y se permite que se abuse de ellos.
Para Arriola Vega sería mejor que parte de los recursos de la Iniciativa Mérida –el acuerdo de cooperación de seguridad entre ambas naciones para combatir el crimen organizado a la vez que refuerzan los derechos humanos y el estado de derecho– se utilizaran para el desarrollo de programas sociales que ataquen las causas que están obligando a los centroamericanos, en particular a los jóvenes, a escapar de sus países rumbo a Estados Unidos.
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