Hoy es el Día Internacional del Migrante. La Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y el Caribe (RJM-LAC), sostiene que toda persona tiene derecho a vivir, trabajar y realizarse humanamente y en plenitud en su lugar o país de origen. Pero cuando ello no es posible, tiene el derecho de buscar mejores condiciones de vida fuera de su lugar de origen, bien sea dentro de su país o atravesando alguna frontera internacional. Desde esta red se denuncia cualquier forma de violación de los derechos humanos de personas migrantes o actos discriminatorios, tales como: la estigmatización mediática y social y la criminalización por parte de los Estados de la migración irregular; la negación sistemática por parte de muchos Estados a otorgar la debida protección internacional a solicitantes de asilo y refugio, lo cual les deja en situación de extrema vulnerabilidad; las políticas migratorias restrictivas, que se centran en detención, deportación y control fronterizo; el consecuente fortalecimiento de redes de trata y tráfico de personas, muchas veces vinculadas a la corrupción e impunidad estatal; la explotación laboral de personas migrantes; la vulnerabilidad particular de mujeres y menores de edad. La RJM-LAC se opone a un modelo de desarrollo desequilibrado, promovido por corporaciones multinacionales, que prioriza el mercado por encima del desarrollo humano, el flujo libre del capital al movimiento de las personas y que tiene como consecuencias la destrucción medioambiental y la extracción de recursos naturales, forzando el desplazamiento de poblaciones enteras. Y demanda: la ratificación universal de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990; la protección internacional efectiva de solicitantes de asilo y refugio; políticas migratorias integrales e incluyentes que aborden no sólo la migración laboral, sino también sus dimensiones cultural, social, religiosa y política; la protección de los derechos de las personas, independientemente de su estatus administrativo migratorio, con particular atención a sectores vulnerables como mujeres y menores de edad; el respeto al derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos; un modelo de desarrollo sostenible y centrado en las personas. La Red hace un llamado a los Estados y las sociedades latinoamericanos y caribeños a valorar el aporte de las personas migrantes ya luchar por una región más justa y hospitalaria ¡Órale!