Ana María Aragonés
Habría que recordar que las estrategias aplicadas a partir del pasado 10 de junio, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar un arancel a las exportaciones mexicanas, cambiaron radicalmente la propuesta inicial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien en los primeros meses de su administración enmarcó su política migratoria en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, al considerar que se trataba de una migración forzada y para revertirla era necesario atacar sus causas. Respondiendo a esa idea, se decidió darles protección y visas humanitarias a aquellos que lo solicitaran previo registro, no como medida de control, sino para evitar la indocumentación, pero sobre todo para detectar a los traficantes de personas; se les alojaría en albergues y no en centros de detención; la deportación se utilizaría sólo como el último recurso. Respeto irrestricto de los derechos humanos, aplicando los acuerdos internacionales firmados, como el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Regular y Segura.

Ante este cambio sustancial en relación con lo sucedido en gobiernos anteriores, no tardó en llegar la amenaza para que México controlara los flujos migratorios so pena de aplicar los citados aranceles. El resultado, cambio de estrategia migratoria, deportaciones en número cercano a las 100 mil personas, 30 mil más devueltas a México para esperar la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos, migrantes sin poder transitar por el país, 25 mil integrantes de la Guardia Nacional dedicados a controlar a los migrantes, disminución de los flujos en más de 50 por ciento. Ante el cierre virtual de la frontera con Estados Unidos y sin recursos suficientes para cumplir con sus funciones, el Estado mexicano se vio rebasado y con dificultades para hacer realidad el trato humano y de respeto a los derechos humanos en su más amplia acepción, lo que generó graves críticas por parte de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. A pesar de ello, el canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló en su reunión con integrantes de la Casa Blanca, que seguirían controlando la migración hasta alcanzar el objetivo propuesto.

Estos lamentables acontecimientos dejan, sin embargo, muchas lecciones. En primer lugar, es necesario que el gobierno reconsidere su política migratoria teniendo como horizonte que las amenazas de Donald Trump no van a parar: es un discurso que le reporta beneficios electorales. En segundo lugar, debe responder a los intereses soberanos del país, a los más altos valores de la diplomacia mexicana y tomar en cuenta los acuerdos internacionales firmados. Y en tercer lugar, lo más importante: hay que enfrentar el cierre virtual de la frontera con Estados Unidos, responsable del enorme caos creado en las comunidades del norte de México, y que tendrá consecuencias más lesivas a partir de la nueva norma aprobada por el máximo tribunal estadunidense que restringe las solicitudes de asilo de inmigrantes en la frontera con México.

Es decir, para poner en marcha la nueva política migratoria, de acuerdo con los principios y directrices recomendados sobre derechos humanos en las fronteras internacionales: dar cabida a los migrantes, con independencia de su situación legal y con derecho a disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación teniendo en cuenta la perspectiva de género e infantil, se requiere la colaboración trasfronteriza entre los estados vecinos, es decir, de Estados Unidos. Precisamente ese es el principal problema, pues promueve una política restrictiva en la frontera y la convierte en una zona de exclusión o excepción exacerbándose los riesgos a los que se enfrentan los migrantes, y crea zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras. Esta política restrictiva, además de ser totalmente ineficiente, complica los esfuerzos para prevenir y combatir el tráfico ilegal de migrantes al obstruir la cooperación internacional para poner fin a la impunidad de las redes de traficantes, todo lo cual genera su expansión sin límites.

Seguir sosteniendo que la estrategia se basa en el control para amansar a la fiera es totalmente inaceptable, las medidas restrictivas de ninguna manera son la solución, se retorna a los migrantes a condiciones de miseria y de inseguridad, donde los derechos humanos son amenazados.

México está en un punto de inflexión; es urgente buscar una respuesta regional coordinada, con el apoyo efectivo de todos los países de la región y de la comunidad y organismos internacionales. Una reunión en la que se discuta también la propuesta presentada por la Cepal Plan de Desarrollo integral con la finalidad de construir un ”espacio de desarrollo en el lugar de origen para que la migración sea una opción y no una necesidad” y de esta forma atacar sus causas. Al tiempo que se acuerdan respuestas coordinadas de asistencia y protección para una gestión migratoria cuyo eje sea la seguridad humana.

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