Miguel Tinker Salas y April Mayes*
México enfrenta una crisis humanitaria sin precedente histórico. Mientras los medios tradicionales se enfocan en la frontera norte, la realidad es que el límite con Guatemala se ha convertido en la frontera entre los países del sur global, México y Estados Unidos. En Tapachula, se encuentran inmigrantes de la mayoría de las naciones de África, del sur de Asia, de toda Centroamérica, de Haití y de Cuba. Desde junio de 2019, cuando México acordó con el gobierno de Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles, la situación para los migrantes ha empeorado dramáticamente, agudizándose la crisis en la frontera sur. Como respuesta, México ha militarizado su frontera, con la presencia de la Guardia Nacional, la Policía Federal y oficiales del servicio del Instituto Nacional de Inmigración que detienen a cualquiera que intenta entrar al país.

Lamentablemente, la situación en la frontera sur es paralela a lo que Estados Unidos impulsó en su propia frontera con México. A partir de la década de los años 80, Washington comenzó a militarizar la frontera con México de forma decisiva. La administración de Bill Clinton optó por construir murallas entre ciudades fronterizas como Tijuana y San Diego, obligando a los migrantes a buscar rutas alternas a través del desierto o a contratar con coyotes en el empleo del crimen organizado para poder cruzar a Estados Unidos. Estos dos resultados aumentaron la vulnerabilidad de los migrantes y ocasionaron la muerte de cientos de personas en el desierto entre Sonora y Arizona.

La crisis humanitaria en el sur de la República tiene dos facetas: la primera es la respuesta militar a la migración y la otra es el colapso del sistema administrativo que debería atender las necesidades de los migrantes. Al igual que en la frontera norte, la militarización de la sur y el cierre de los pasos tradicionales entre México y Guatemala obliga a los migrantes a buscar nuevas rutas en territorios inhóspitos y los entrega al crimen organizado que opera en estas zonas. En anticipación de la visita del secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que México había logrado reducir el cruce de indocumentados en 40 por ciento. Esta cifra se utiliza sin considerar que no existe una base de datos anteriores o sin tomar en cuenta que los migrantes podrían estar utilizando otras rutas.

En términos de lo administrativo, la propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) admite que hasta la fecha ha recibido 31 mil peticiones de asilo y que al final de 2019 serían más de 80 mil. Las instituciones mexicanas han sobrepasado su capacidad de responder en forma expedita a las necesidades de los migrantes. Diariamente cientos de ellos hacen filas interminables en las oficinas de la Comar sin poder ser atendidos de forma ágil. Esto lo confirman los defensores de migrantes que reportan nunca antes haber visto un aumento tan dramático de solicitudes para refugiados. También confirman que en los trámites los migrantes son explotados por supuestos licenciados que les prometen agilizar sus gestiones y les cobran cifras extraordinarias. Esto implica que los migrantes se encuentran en un limbo jurídico, que aumenta su vulnerabilidad y donde pueden ser deportados. Esto ocurre en un momento donde las redadas contra ellos han crecido espectacularmente, y no sólo enla zona fronteriza, sino también en refugios para migrantes como recién sucedió en Saltillo.

México enfrenta una crisis tanto en su frontera norte como en la sur. La migración no va a detenerse. Para muchos, quedarse en su país de origen ya no es una opción viable. La violencia perpetrada por el crimen organizado y el Estado, la crisis económica y el cambio climático expulsan a cientos de miles de personas de todo el mundo.

En el corto plazo México debe agilizar los mecanismos de regularización y así sacar a los migrantes del purgatorio en que se encuentran. Debe detener las redadas y deportaciones que buscan sembrar el miedo entre ellos. En el largo plazo México debe buscar soluciones en América Latina, el Caribe, e incluso en Naciones Unidas, y no sólo ver hacia Washington, donde en plena campaña presidencial Trump seguirá exigiendo más y más de México, continuará atacando a los migrantes, incluso los mexicanos y mexicanas y no va honrar ningún acuerdo, ya que el ataque a migrantes es la piedra angular de su política nacional.

La migración en sí es un derecho humano. México es una nación de migrantes y depende de ellos para su propia economía. La migración no es una crisis humanitaria, la crisis la causa la respuesta del Estado ante las y los migrantes. La militarización no puede ser la respuesta a la migración.

* Profesores de la Facultad de Historia, Pomona College

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