Jorge Eduardo Navarrete
La semana pasada, con importante aportación de México, se registró un avance hacia la gestión multilateral de las migraciones: la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 73/326 que prevé convocar, a partir de 2022 y después cuatrienalmente, foros multilaterales en la materia, quizá la más enconada y compleja de la agenda global del actual decenio y los venideros. Por contraste, casi al mismo tiempo se registró una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos que, en contradicción abierta con el derecho y la práctica internacionales en materia de asilo y refugio, establece un virtual régimen de excepción en esta materia que intenta legitimar el chovinismo, la discriminación y el racismo que caracterizan las actitudes de la administración Trump en el tema migratorio. Estos dos enfoques –el de cooperación multilateral y el de nacionalismo excluyente, que por desgracia no sólo se manifiesta en Estados Unidos– se mantendrán en pugna en los años venideros. Quizás en algo más de un decenio las ventajas del primero resulten evidentes, al consolidarse su primacía de manera ascendente y también progresivamente se abandone el segundo, ante la evidencia de sus costos crecientes y de los riesgos que entraña, materializados en frecuentes episodios de violencia. Sé que expongo una perspectiva quizas optimista en demasía, cuya actualización dista de estar garantizada. Reclama, más bien, el esfuerzo constante y organizado de la mayor parte de la comunidad internacional.

En el papel –y desde su título mismo: Formato y aspectos de organización de los foros internacionales sobre las migraciones–, la resolución adoptada el 19 de julio puede verse como cuestión de procedimiento. La forma en que fue votada muestra que se trata de una decisión sustantiva, de gran calado: el apoyo que recibió fue amplio y diverso (118 de 136 votantes), representativo de la variada membrecía de la Organización. Trece naciones se abstuvieron. Cinco votaron en contra: Estados Unidos, Estonia, Hungría, Israel y Polonia. Buena colección ésta de gobiernos de ultraderecha e hipernacionalistas, uncidos a la defensa a ultranza de expresiones estrechas del interés nacional visto por una fracción no siempre mayoritaria de sus poblaciones. Por lo menos están bien definidos los campos.

Entre los 118 votos que favorecieron la resolución se contó el de México, cuyo representante permanente –al explicar su voto antes de emitirlo– subrayó que ningún país puede por sí mismo manejar de manera efectiva los movimientos transfronterizos de personas, por lo que corresponde a las Naciones Unidas facilitar el diálogo y proporcionar asistencia en materia migratoria. Los foros permitirán reunir voces muy diversas y contribuir a la formación de consensos –globales, regionales y subregionales– que estimularán el diseño y adopción de acciones multilaterales precisas y efectivas, que hasta ahora han eludido a la comunidad internacional.

The Economist dedicó una de las notas editoriales de su número del 20 de julio a disectar una reforma de la regulación migratoria de Estados Unidos, puesta en vigor ipso facto y casi inadvertida entre el escándalo producido por las invectivas racistas del presidente contra cuatro representantes demócratas recién elegidas. Esa reforma, violatoria de la Convención de Ginebra de 1951 y de la propia ley estadounidense sobre refugio de 1980– establece que Estados Unidos no considerará las solicitudes a menos de que los interesados demuestren haber buscado asilo en algún país por el que hayan transitado para llegar a terreno estadunidense y haber sido rechazados por éste. “La reforma –agrega– afecta a cualquiera que no sea mexicano y que llegue a la frontera por tierra”, es decir a más de 80 por ciento de los 688 mil solicitantes detenidos en la línea entre octubre de 2018 y junio pasado. De este modo, cualquiera que atraviese por Guatemala o México en su camino a Estados Unidos sin haber buscado refugio allí, será rechazado sin mayor trámite. La nueva práctica –dice el editorial– afectará a decenas de miles de personas por año y contradice medio siglo de precedentes. Además, a partir del 23 de julio se facultó a los agentes de migración para ordenar la deportación inmediata, sin intervención judicial, de cualquier extranjero ingresado ilegalmente en los dos años anteriores a su detención. Se estima ( WP, 23/7/19) que podrían verse afectados hasta 300 mil migrantes, muchos de ellos mexicanos. El presidente quiere mostrar a sus electores que no fue del todo vana su promesa de deportar a millones de ilegales.

La resolución de las Naciones Unidas, que abre vías a la construcción de consensos y a la acción colectiva y solidaria, contrasta en forma dramática con la reforma a la práctica migratoria estadunidense que estimula la trata de personas, hace más riesgoso el intento de atravesar esa frontera y eleva los costos para todos los países involucrados, incluso Estados Unidos mismo.

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