Según filtraciones anónimas del Departamento de Seguridad Nacional, obtenidas por medios de comunicación estadunidenses, mañana se pondrá en marcha un operativo para deportar a familias completas de migrantes que residen en las principales ciudades del país. La denominada megaredada
responde a la amenaza de deportar a millones
de migrantes irregulares, con la cual el presidente Donald Trump arrancó su campaña rumbo a la relección.
Como suele suceder cuando el magnate usa cifras, la que apuntó el lunes pasado adolece en su concordancia con la realidad, en primer lugar porque ignora todas las trabas legales que ralentizan los trámites de detención y expulsión, las cuales ya le han obligado a recular varias veces en sus políticas xenófobas. Pero, además, el mandatario republicano soslaya que, pese a toda la retórica antimigrante y al discurso de mano dura con que busca hacer exhibiciones de fuerza, su gobierno se encuentra lejos de los récords de deportaciones alcanzados en la presidencia de su antecesor.
En este escenario, queda claro que el propósito de la cacería humana anunciada no es otro que el de complacer a la base electoral de Trump, compuesta por los sectores más retrógradas de la sociedad estadunidense, al tiempo que se atemoriza a las familias migrantes que viven, trabajan y contribuyen a la economía del país, en algunos casos desde hace décadas. Así lo deja patente la intención de proceder contra los migrantes en sus hogares y sus sitios de trabaj dada a conocer por la prensa.
Desde México, el agresivo plan que será ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) impone dos consideraciones. Primera, la de cómo debe interpretarse el embate contra familias conformadas principalmente por mexicanos, desplegado apenas dos semanas después de que los gobiernos de ambos lados de la frontera establecieran un acuerdo de cooperación en materia de control migratorio. Segunda, la de cómo habrá de responderse ante la repatriación de miles de connacionales y ante el cúmulo de violaciones a la legalidad internacional que supondría la ejecución del plan de expulsión planteado por el magnate.
Cabe esperar que las autoridades mexicanas emprendan una decidida defensa de los connacionales en suelo estadunidense y recurran a todos los canales legales y diplomáticos a fin de acotar las arbitrariedades a que inevitablemente darán pie los operativos de la administración Trump.
