o Internacional de Defensorías: La protección de los derechos de las personas migrantes en México y Centroamérica, que se realizó ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Knoblauch agregó que “es un tránsito difícil y traumático, tránsito que para muchos se transforma en el destino último”.
La ausencia del Estado para brindar protección es aprovechada por bandas de la delincuencia organizada que controlan cada paso del migrante clandestino que busca elevar su nivel de vida mejor y el de sus seres queridos.
Knoblauch afirmó que “los grupos criminales logran quitar a los migrantes hasta la dignidad, cuando no la vida”.
Explicó que las autoridades locales no sienten el peso de posibles sanciones, porque en la mayoría de los casos no las hay.
Apuntó que “el flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos a través de territorio mexicano es continuo, por lo que es necesario apoyarlos para que conozcan sus garantías y ayudar a las autoridades locales y federales a respetar los derechos de los migrantes, ya que no todas tienen capacitación adecuada”.
El representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Mazitelli, reveló que 94% de quienes dejan su país en busca de una vida mejor no cuentan con recursos para pagar un buen traslado y reducir así los riesgos que conlleva ser transportado por traficantes de personas.
“Las cifras nos llevan a hablar sobre el tráfico de indocumentados, que hace necesario destinar recursos con el fin de que los estados pongan en marcha los instrumentos necesarios para combatirlo”, agregó.
Por su parte, el comisionado nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio López, demandó atender los desafíos que los migrantes enfrentan en su ruta hacia el norte.
“A veces es una debilidad de quien quiere vivir mejor, inducido a contratar servicios en los que luego lo dejan abandonado. Estamos hablando de trata de personas debidamente organizada, de quienes emigran por la necesidad, de desempleados que no tiene oportunidad de trabajo y salen a buscarlo en sociedades ajenas”, reconoció.
Refirió que ahora la legislación hondureña permite otorgar visa a quienes buscan llegar a Estados Unidos, la cual les permite viajar y no ser detenidos como prisioneros en condiciones infrahumanas por autoridades de migración.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, expresó que reto de las organizaciones es elaborar una estrategia estructural e integral para la protección de los derechos de los migrantes.
La intención, explicó el ombusdman capitalino, es articular el trabajo de los expertos en el tema y de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, así como de instancias de la comunidad internacional, y “generar resultados que se pongan frente a quienes toman las decisiones”.
“El objetivo es que lo anterior redunde en crear una agenda sobre el futuro de las personas que cruzan México y evite la violación de sus derechos humanos”, puntualizó.
Mientras, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala señaló el jueves que hay indicios que podrían comprometer la responsabilidad del Estado guatemalteco en la muerte de ocho indígenas desarmados– durante una protesta disuelta por militares el pasado 4 de octubre.
“Existen elementos relevantes para considerar que la muerte de las personas podría comprometer la responsabilidad del Estado de Guatemala bajo la figura de ejecución extrajudicial o arbitraria”, indicó el representante de la entidad en el país, Alberto Brunori, en una declaracion a la prensa.
La Fiscalía denunció a un coronel y ocho soldados, que se encuentran detenidos, como sospechosos de haber matado a los ocho indígenas cuando miles de ellos bloqueaban la vía interamericana en Totonicapán -180 kilómetros al oeste de la capital-, en protesta por el costo de la electricidad y otras políticas del gobierno. El hecho ya lo había denunciado la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum.
