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El éxodo invisible: Familias desplazadas de Michoacán y Guerrero enfrentan desamparo y rechazo institucional

El asedio del crimen organizado y el despojo de tierras en regiones de Tierra Caliente y la montaña han obligado a miles de familias de Michoacán y Guerrero a huir con lo puesto. Al no existir un marco federal que reconozca el desplazamiento forzado interno, las víctimas son ignoradas por las instituciones y tratadas como ciudadanos sin derechos en su propia patria.

Tuvieron menos de diez minutos para cerrar la puerta de su casa campesina, tomar a sus niños en brazos y correr hacia la sierra antes de que las camionetas con hombres armados entraran a su pueblo. Son mexicanas y mexicanos de cuna, pero en los hechos viven como refugiados en su propia patria. Familias enteras provenientes de comunidades de Michoacán, Guerrero y el Estado de México huyen de la violencia criminal que les arrebató huertas, ganado y tranquilidad, llegando a terminales y albergues de la capital y el bajío con las manos vacías y el alma en pedazos.

Madre campesina indígena del centro de México con sus hijos y pertenencias en sacos sentada en una sala de espera de autobuses
Familias de Michoacán y Guerrero desplazadas por el crimen organizado enfrentan abandono institucional al no existir una ley federal de refugio interno.

“En el ministerio público nos dijeron que no nos podían dar ayuda ni constancia de desplazamiento porque ‘eso no existe en la ley’. Nos quemaron la casa y nos mataron a dos hermanos, pero para el gobierno somos invisibles porque no venimos de otro país.”

— Doña Juana T., campesina purépecha desplazada / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

La laguna jurídica que condena al olvido a los refugiados internos

A diferencia de los solicitantes de asilo extranjeros que pueden acudir ante la COMAR, las familias mexicanas víctimas de desplazamiento forzado interno carecen de una ley general que garantice su reubicación, vivienda digna y resguardo físico. Los censos oficiales minimizan una tragedia que, de acuerdo con organismos civiles, afecta a más de 380,000 personas en el país. Al llegar a las ciudades del centro o de la frontera norte, son rechazadas en albergues públicos saturados y estigmatizadas por haber huido de zonas de conflicto.

El reclamo urgente por una Ley General de Desplazamiento

Colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos exigen al Congreso de la Unión descongelar de inmediato la minuta de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Advierten que mientras el Estado mexicano no cree un padrón oficial de víctimas y un fondo presupuestal de emergencia, miles de familias campesinas seguirán condenadas a la mendicidad urbana y a la desarticulación total de su tejido comunitario.


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