Bajo la tenue luz de los postes de alumbrado público y el frío calador de la madrugada capitalina, el sonido de los camiones de basura y el megáfono policial marcaron el final del precario refugio de decenas de familias. En plazas de la Ciudad de México y camellones del Estado de México, operativos sorpresa han retirado de forma reiterada los asentamientos informales de migrantes que aguardan trámites ante la COMAR o respuestas consulares. Sin alternativas reales de alojamiento, el desalojo nocturno no resuelve el fenómeno; simplemente arroja a la indigencia a quienes ya lo habían perdido todo.

“Llegaron a las tres de la mañana tirando carpas con machetes y subiendo nuestras mochilas a los camiones de limpia. Se llevaron la ropa de mis hijos y los papeles de nuestra solicitud de refugio. Nos dijeron que nos fuéramos a pie, pero ¿hacia dónde va una madre con dos niños en plena noche?”
— Mariela C., madre centroamericana en el Centro de la CDMX / Red de Apoyo Callejero
La saturación de los albergues y la respuesta punitiva
Los refugios gestionados por la Iglesia y organizaciones civiles en la capital (como CAFEMIN, Casa Mambré o los albergues de Tláhuac y Vallejo) operan a más del 200% de su capacidad instalada, viéndose obligados a cerrar puertas por falta de presupuesto y alimentos. Ante este colapso, el espacio público se convirtió en el único recurso para miles de personas en tránsito. No obstante, en lugar de implementar albergues temporales con condiciones sanitarias dignas, la respuesta gubernamental en el centro del país ha priorizado el ocultamiento de la crisis mediante redadas cosméticas.
Llamado urgente de organismos humanitarios a respetar el debido proceso
Organismos internacionales como ACNUR y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) han emitido recomendaciones enérgicas, recordando que los desalojos forzosos sin previo aviso y sin reubicación garantizada violan tratados internacionales y la propia Constitución local. Defensores demandan una mesa interinstitucional permanente que brinde alimentación, salud y orientación jurídica transparente en lugar de recurrir al hostigamiento policial nocturno.