Para cientos de connacionales que fueron deportados o retornaron voluntariamente a territorio mexicano, la pesadilla de las políticas migratorias de Estados Unidos no terminó en la frontera. En semanas recientes, una oleada de cartas formales de despachos privados de cobranza internacional ha comenzado a llegar a viviendas rurales y colonias populares en estados como Guanajuato, Puebla y Michoacán, exigiendo el pago inmediato de multas civiles acumuladas durante su proceso de remoción.
“Resulta inhumano e inmoral que tras despojarlos de su patrimonio y expulsarlos de su territorio, envíen agencias de cobranza privada transnacional para asfixiar financieramente a quienes ya lo perdieron todo en el camino.”
— Red Binacional de Acompañamiento a Familias Retornadas
La tercerización del cobro y el uso de datos personales
Las sanciones económicas —que oscilan entre los 2,000 y 15,000 dólares— derivan de cláusulas punitivas por «falta de comparecencia» o «incumplimiento voluntario de salida». Las agencias estadounidenses han cedido carteras de cobro a consorcios privados de cobranza, los cuales recurren a rastreadores de datos comerciales y llamadas intimidatorias a parientes tanto en Estados Unidos como en México para forzar el desembolso.
Nulidad jurídica de las amenazas en territorio mexicano
Frente a la zozobra generada, colegios de abogados y comisiones de derechos humanos han sido enfáticos: dichas cartas no tienen validez ejecutiva ni jurisdicción legal en México. Las empresas privadas no pueden embargar bienes ni ordenar detenciones en suelo mexicano. Se recomienda a las familias afectadas no realizar transferencias de dinero bajo presión y denunciar cualquier intento de extorsión ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y fiscalías locales.
