Más de medio millón de jóvenes profesionales, maestros de escuela, médicos, ingenieros y líderes comunitarios viven en 2026 bajo la espada de Damocles de los tribunales federales. El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 para proteger de la deportación a quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños, atraviesa una de sus fases judiciales más complejas y determinantes.
“Este país es el único que conocemos, donde nos formamos y donde aportamos nuestros impuestos cada año. No somos un número en un expediente judicial de Texas; somos personas con raíces profundas y no nos vamos a rendir.”
— Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream
El dictamen del Quinto Circuito y la postura del Juez Hanen
Tras la resolución del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que cuestionó la legalidad de la emisión de autorizaciones de empleo bajo la normativa actual, el caso retornó a la mesa del juez de distrito **Andrew Hanen** en el sur de Texas. Sin embargo, el tribunal de apelaciones mantuvo vigente la **suspensión protectora (*stay*)** a nivel nacional, lo que impide suspender los derechos adquiridos por los beneficiarios vigentes.
Hasta este otoño de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) **continúa recibiendo, procesando y aprobando las solicitudes de renovación** de DACA y de los permisos de trabajo (EAD) en todo Estados Unidos, incluido el propio estado de Texas.
La advertencia legal: Renovar a tiempo y evitar brechas
Organizaciones defensoras como el Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y la coalición Home is Here han lanzado un llamado unánime a la comunidad soñadora: presentar las solicitudes de renovación con un margen de entre **120 y 150 días de anticipación** a la fecha de vencimiento.
Aunque las solicitudes por primera vez continúan bloqueadas por orden judicial —dejando en un limbo a las nuevas generaciones que egresan de las escuelas secundarias—, la resiliencia de más de 530,000 beneficiarios activos demuestra que la batalla por el estatus definitivo y la dignidad de los Dreamers sigue viva en las cortes y en las calles.
