Desde el 1 de enero de 2026, el flujo financiero que sostiene a millones de hogares en América Latina enfrenta un nuevo desafío regulatorio en suelo estadounidense. Bajo el marco fiscal de la legislación One Big Beautiful Bill Act (OB3), el gobierno de Estados Unidos implementó un impuesto federal del 1% sobre las remesas enviadas al extranjero mediante ventanillas físicas de efectivo, giros postales (money orders) y cheques de caja.
“Cada dólar que enviamos es fruto de jornadas de sol a sol en los techos, las cocinas y los talleres. Aprender a usar las aplicaciones del celular no fue un capricho tecnológico, sino la única forma de evitar que le quiten un pedazo del plato de comida a nuestros hijos.”
— Martín Salgado, trabajador de la construcción en Dallas, Texas
El blindaje digital de las familias migrantes
Lejos de provocar un colapso en el envío de recursos hacia México, la medida desencadenó un acelerado éxodo hacia la bancarización y el ecosistema fintech. Los datos más recientes publicados por el Banco de México (Banxico) demuestran una resistencia formidable: durante el primer semestre de 2026, los ingresos por remesas al país registraron un crecimiento interanual del 3.1%, con una abrumadora hegemonía de las transferencias electrónicas, que representan entre el 99.1% y el 99.2% del total de las transacciones.
Al estar formalmente exentas del impuesto del 1% todas las transferencias efectuadas desde cuentas bancarias, tarjetas de débito y billeteras digitales, la diáspora mexicana y centroamericana activó mecanismos comunitarios de capacitación y adopción tecnológica para eludir el sobrecosto de ventanilla.
FINABIEN y la inclusión financiera frente al cerco regulatorio
Instrumentos públicos como la tarjeta FINABIEN (Financiera para el Bienestar), distribuida a través de la red consular mexicana, han visto disparada su demanda al permitir transferencias con comisiones sumamente competitivas y exención total del gravamen estadounidense. Informes de BBVA Research estiman que el nivel de bancarización de los migrantes mexicanos en Estados Unidos se sitúa ya en torno al 84%, un factor determinante para atenuar el impacto macroeconómico de la política fiscal de Washington.
No obstante, la preocupación persiste para los sectores de mayor edad y los jornaleros agrícolas en comunidades rurales sin acceso fluido a conectividad ni documentación bancaria básica, quienes continúan siendo los más castigados por las comisiones en efectivo de las agencias tradicionales.
