A través de un comunicado el legislador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Lázaro Sánchez Tapia, aseveró que en Querétaro la estancia del migrante en Tequisquiapan ha reportado ya desde octubre pasado más de siete agresiones a migrantes y ahora a asistentes humanitarios, sin que se haya visto actuar a las autoridades, por lo que solicitó acciones para evitar sigan sucediendo.
“No hay excusas para no investigar, aquellas autoridades a las que verdaderamente les preocupa la seguridad de las personas, la protección de los derechos humanos y la justicia, siempre encontrará la forma”, así lo dijo el legislador.
El diputado dijo que la federación y las entidades federativas tienen la obligación de garantizar la protección y el ejercicio de sus labores de las personas defensoras de los derechos humanos. Carlos Lázaro Sánchez Tapia, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante de la LVIII Legislatura indicó que existe una ley que obliga al estado y a las entidades (Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en su Capítulo VIII Medidas de Prevención, artículos 41 y 44) a condenar, investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto los defensores y promotores de los derechos humanos. Esto implica, dijo, a aquellos que se dedican a la asistencia humanitaria.
Sánchez Tapia indicó que cuando el cuerpo de seguridad privada está agrediendo migrantes o asistentes humanitarios, el derecho deja de protegerlos, pues no son autoridades y su actuar se encuentra muy limitado.
Indicó que en septiembre del año pasado, cerca de 40 migrantes fueron agredidos por estas mismas fuerzas de seguridad resultando tres gravemente heridos. En ese entonces el titular de la PGJ había prometido realizar las investigaciones respectivas, sin embargo, dijo, desconocen si se fincó alguna responsabilidad.
Carlos Sánchez lamentó que la violencia por parte de estas empresas va a la alza. El gobierno estatal y el gobierno federal, indicó, tienen la obligación de intervenir antes de que tengamos más desgracias, que se retiren las concesiones que sean necesarias y que se contrate a quien verdaderamente sea apto para la prestación de éstos servicios, pues es visible que quienes tienen reportes de esta naturaleza a lo largo de la República, no pueden seguir prestando el servicio.
“Que Ferromex también se haga responsable de las agresiones, no hay excusa” mencionó el diputado.
Aseveró Sánchez Tapia que es necesario que las autoridades estatales y federales implementen las medidas necesarias para detener el alza y escalonamiento de agresiones; así como la protección de las personas que brindan asistencia humanitaria y eliminar la impunidad de quienes cometen las agresiones.
