Las y los participantes en el Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México, ante el inminente proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), condenamos este modelo porque ha afectado gravemente el desarrollo nacional, siendo contrario a los intereses de los pueblos, del medio ambiente y de nuestro sistema democrático. Además, los tratados de libre comercio han fracasado políticamente por no haber cumplido con las promesas y expectativas de prosperidad anunciadas para los trabajadores del campo y la ciudad, detonando una severa crisis social.
Apostamos por la construcción de un nuevo modelo de integración, cooperación e intercambio entre los países, que garantice la participación democrática de la sociedad en la negociación de cualquier acuerdo, que sea transparente en todos sus términos y condiciones y que, con base, en la cooperación internacional y la soberanía de cada país, promueva la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales, regionales y locales, con pleno respeto a los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y del medio ambiente. Además, debe garantizar el trabajo digno y el salario remunerador, independientemente del origen o condición migratoria.
Ya que desde la implementación del TLCAN en 1994, han sido los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en los tres países han sufrido, mientras que los inversionistas ricos, las grandes corporaciones y sus ejecutivos han cosechado más ganancias y han adquirido más derechos y poder. Ese poder ha tenido un efecto negativo en nuestras democracias.
Cualquier tratado comercial debe revertir estas tendencias innegables y conducir hacia un desarrollo sustentable, sostenible y ampliamente compartido en toda América del Norte.
Hasta ahora, no son alentadores los signos de que un nuevo TLCAN contribuya a las necesidades de las personas y las comunidades de América del Norte y al medio ambiente que todos compartimos. Varios funcionarios en los Estados Unidos han mencionado utilizar el Tratado de Asociación TranspacÍfico (TPP) como punto de partida, para su revisión, aunque los trabajadores y las comunidades se oponen ampliamente al TPP con argumentos concretos y buenas razones.
Las organizaciones, movimientos de la sociedad civil y comunidades originarias rechazamos no sólo los detalles técnicos del actual TLCAN y los posteriores acuerdos comerciales dirigidos por Estados Unidos en las Américas, sino también las posiciones beligerantes, militaristas, xenófobas y misóginas del Presidente Trump. Por lo que exigimos la plena vigencia del derecho internacional y la no intervención para garantizar la paz mundial.
Nos oponemos a los muros fronterizos en América del Norte y defendemos los derechos humanos y laborales de las personas que emigran, así como su derecho a no ser obligados a emigrar por la pobreza y la inseguridad. Por estas razones, cualquier Tratado y proceso de negociación debe:
- Avanzar a través de un proceso transparente, democrático y participativo en el que participen los pueblos y el poder legislativo de cada país.
- Incluir en el texto del acuerdo normas laborales y ambientales claras y efectivas, vinculantes y ejecutables, con plazos que se cumplan, y que vayan más allá de los estándares internacionales establecidos.
- Eliminar los privilegios de los inversionistas extranjeros, así como el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado (ISDS), así como respetar el derecho de los pueblos a ejercer controles democráticos sobre las políticas públicas en cada país.
- Establecer normas vinculantes que garanticen la preponderancia de los Derechos Humanos con base en los acuerdos y pactos Internacionales.
- Instaurar políticas integrales de género, que garanticen la equidad y la no discriminación como principios transversales, así como la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
- Garantizar la participación y el consentimiento previo e informado de las comunidades y pueblos originarios, con el fin de respetar la soberanía de los pueblos sobre sus recursos, sus territorios y sus culturas.
- Incluir medidas en la legislación y prácticas que aumenten los salarios y el acceso al trabajo decente en los tres países, promoviendo la democracia y la libertad sindical y la negociación colectiva transnacional en los casos en que un empleador opere en dos o más países.
- Garantizar la educación pública, gratuita, en todos los niveles como un derecho social, indispensable en la construcción de sociedades democráticas, con justicia social y para la emancipación de nuestros pueblos y la exclusión de la educación de los tratados de libre comercio, pues no es una mercancía.
- Impulsar una política industrial en América del Norte, que proteja de manera efectiva una producción compartida, aumentando los requisitos cuantitativos para las reglas de origen y fortaleciendo el monitoreo para garantizar el rigen norteamericano de componentes en industrias claves.
- Salvaguardar la soberanía alimentaria, los mecanismos de gestión de la producción y su abastecimiento, la subsistencia rural y el derecho a saber qué hay en nuestra alimentación y cómo y dónde se produce.
- Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad; la educación, la salud, la seguridad social, la energía, el agua, etcétera. Proteger los derechos de las naciones a expandir la propiedad pública de los recursos y los servicios.
- Incluir compromisos compartidos sobre los derechos de los trabajadores migratorios y los pueblos indígenas y mecanismos ejecutables para protegerlos, así como, garantizar su organización sindical.
- Rechazar los capítulos de propiedad intelectual y comercio electrónico por violar los derechos de libertad de expresión, privacidad y acceso al conocimiento y medicamentos. Preservar un internet libre y abierto integralmente, evitar la criminalización de los usuarios finales e impedir que los derechos de autor sean mecanismos de usura.
- Incorporar compromisos compartidos para mejorar la infraestructura pública y la sostenibilidad, en los tres países, promoviendo la justicia fiscal a través de impuestos justos, equitativos y progresivos sobre los beneficios.
- Incluir obligaciones fuertemente vinculantes y ejecutables para enfrentar el cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire y el agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, así como preservar la propiedad social de bosques, tierras, la biodiversidad y el agua. Se debe requerir a cada país que cumpla con su contribución determinada para el acuerdo de París sobre cambio climático.
Las organizaciones de la sociedad civil de América del Norte no aceptarán un TLCAN tóxico y cooperarán a través de las fronteras para monitorear, movilizar, educar, abogar y exigir que estos objetivos sean conquistados.
Fortalecer nuestro compromiso de trabajar conjuntamente e implementar un plan de acción trinacional; que incluirá un conjunto de manifestaciones, movilizaciones, campañas, declaraciones políticas y el uso de todos los recursos jurídicos, políticos y de cabildeo necesarios para lograr un nuevo modelo de comercio que anteponga a los pueblos y al planeta por encima de las ganancias de corporaciones.
Con base en lo expuesto, convocamos a los pueblos de los tres países a construir un movimiento amplio y diverso, que desarrolle estrategias de movilización, propuesta e interlocución política para lograr una mayor incidencia en el rumbo de la globalización, en las políticas públicas y en la construcción de alternativas de desarrollo sustentable.
MEXICO
Fundación por la Democracia, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcos Rascón; Sindicato de Trabajadores de la UNAM; Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México; Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, Amalia García Medina; José Luis Pérez Canchola, Ex Procurador de Derechos Humanos, B.C., y miembro activo de la Academia Mexicana de D.H; Comité Ejecutivo Nacional del PRD; Grupo Parlamentario PRD Cámara Diputados; Grupo Parlamentario PRD Senado de la República.
ESTADOS UNIDOS
Bernie Sanders, Senador Federal, USA; Giulianna Di Lauro Our Revolution; Joe Geevarghese Change to Win, USA; Dan Mau, Comunications Workers of America; Shane Larson Comunications Workers of America; Kathy Feingold, AFL-CIO International Affair; Paco Fabian, Change to Win (CTW); Daniella Burgi-Palomino, Latin America Working Group (LAWG); Karla Pineda-Santos, Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA); Karen Heckman, Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA); Carlos Gutierrez, Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA); Jacqueline Rodriguez, Manhattan Strategy Group; Alejandra Montoya-Boyer Joint, Center for Political and Economic Studies; Cole Harrison, Mass Peace Action; John Ratliff, Mass Peace Action; Diane Russell, WAN; Adam Shah, Jobs with Justice (JWJ); Melinda St. Louis, Public Citizen Global Trade Watch; Helen Shapiro, UC Washington Center; Gabriela Lemus, Progressive Congress Washington, D.C.; Dr. Raúl Hinojosa, UCLA-NAID; Dr. Edward Telles, UCSB; M. Magali Sanchez-Hall, UCLA; Guillermo Gómez, Alianza por los Derechos de los Inmigrantes, Chicago, Illinois; Nativo López Vigil, Hermandad Mexicana la Original California; Omar López, Coalición 20/20, USA; Juan José Bocanegra, El Comité, Seattle, Washington; Carlos Arango, Casa Aztlán, Chicago, Illinois; Oscar Téllez, Red Unida de Inmigrantes y Refugiados, Chicago, Illinois; Werner Marroquín, Organizador Sindical en E.E.U.U. y Miembro de la Dirección Nacional del FMLN de El Salvador; Humberto Salinas, UCSB Departamento de Sociología, Club Mexicano; Alicia Rivera, CBE Organizer; Rubén Hoyos, NYU Master of Urban Planning; José La Luz, Formerly ACTWU; Zuraya Tapia-Hadley, Raben Group; Lori Wallach, Public Citizen Global Trade Watch; Victoria Gass, Oxfam; Josie Lenwell, CodePink; Emma Buckhout, Latin America Working Group (LAWG).
