Apoyo ciudadano
E L A B O G A D O D E L P U E B LO
29 Ene. 13
Estamos seguros de que las Cámaras locales cuentan absolutamente con el apoyo total de la ciudadanía al reclamar a las autoridades la falta de transparencia y probidad en el manejo del dinero público, cuyo flujo acaban de incrementar decretando un alza del 50 por ciento al Impuesto Sobre Nómina, el cual es ampliamente repudiado.
Si acaso el actual Gobierno a cargo de Rodrigo Medina en los poco más de tres años que lleva hubiese demostrado una gran capacidad para administrar los recursos de los ciudadanos, que fuese implacable en el combate a los funcionarios corruptos, que hubiera logrado eficientar al máximo el gasto de los recursos que aportan los ciudadanos, quizás, posiblemente, en ese remoto caso estuviera dispuesta la ciudadanía a pagar más impuestos.
Si a más impuestos correspondiera una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos, no titubearían en sacrificarse a cambio de un beneficio tangible.
Mas lo que sucede es todo lo contrario: el Gobierno recibe más recursos de los ciudadanos, gasta más y se endeuda más… ¡pero la calidad de los servicios que presta va en picada!
Los únicos beneficiados con este enorme gasto son funcionarios vivillos que inventan una y mil maneras de hacer negocios que sólo los benefician a ellos, a sus familiares y/o amigos.
Dicho en corto: ¡no cuenta el actual Gobierno estatal con la autoridad moral suficiente como para que le sea aceptada una mayor carga tributaria a los ciudadanos!
Así lo dicen nuestras Cámaras y así ha quedado demostrado por los hechos: hay dispendio y corrupción en el gasto estatal, por lo tanto resulta indebido que pretenda incrementar la carga tributaria a los ciudadanos perjudicando con ello no sólo la economía ciudadana, sino la competitividad misma de nuestro Estado en todas las ramas.
Un incremento tan bestial en el impuesto a la nómina es uno que se traduce en menor eficiencia para los negocios e impacta en forma directa el esquema de precios encareciendo los productos, los bienes y servicios.
Si a esto agregan que a cambio de esta carga adicional el ciudadano no recibirá ningún beneficio por parte del Gobierno, pues éste seguirá mal administrado, gastando a lo loco en cosas superfluas, alimentando además una corrupción impune, ya tienen ustedes a la vista una receta perfecta para el desastre.
Así como seguros estamos que tienen las Cámaras y sus agremiados el apoyo ciudadano al repudiar este impuesto, elevado de manera unilateral y exagerada, también lo estamos de que el Gobernador en turno seguirá empeñado en aplicar este incremento y hará caso omiso de la exigencia de la representación del sector privado local.
Ello porque se siente muy seguro de que tiene de su lado al aparato federal, y a dos que tres amigos empresarios peso pesado, que piensan que es mejor darle por su lado que crearse un problema político que los pueda enemistar con el nuevo régimen en el cual cifran grandes esperanzas, como la apertura de PEMEX, oportunidad gigantesca para fabricar varias nuevas grandes fortunas.
“¡Total”, dicen, “para los pingües mil 200 millones de pesos extra que se van a recaudar, no vale la pena el pleito!”.
Obvio es que esta manera de pensar no la comparten los ciudadanos ordinarios y los empresarios medianos, para quienes importa no sólo el impacto económico y el descuadre tributario vis vis con otros Estados, sino la manera chicharronera y unilateral mediante la cual se decretó dicho incremento, ya que fue uno para el cual no hubo ni explicación ni consenso con la ciudadanía.
¡El puro dedazo caprichoso, y ya!
Sienta esta forma de actuar un pésimo precedente, uno que es contrario a los usos y costumbres de nuestro Estado, que por su liderazgo industrial en el País y reconocimiento fuera de él, tradicionalmente había procurado gestar y mantener un clima de negocios amistoso, armonioso y siempre tratando de fomentar la creación de empleos e incrementar nuestras ventajas competitivas.
Rompe por completo con tal esquema esta decisión desatinada y desesperada promovida por Medina de la Cruz, la cual seguramente será combatida en las cortes, vía la promoción de AMPAROS contra la medida, la cual seguramente será decretada inconstitucional.
Dentro de nuestro sistema jurídico, el amparo se pide en forma individual, de manera que cada empresa tendrá que promover uno, ya que el fallo no causa derogar el decreto.
Agréguenle este costo al costo de la producción y de hacer negocio en Nuevo León para darse cuenta de que con esta insensatez nuestras empresas ¡hasta ganando pierden!
Lo cual viene a demostrar con mayor fuerza lo irracional e improcedente de esta medida.
Que nos quede de consuelo, pues, este cántico de batalla: “¡Un pueblo unido jamás será vencido!”.
¡No le aflojen, Cámaras; no le aflojen, ciudadanos!
fricase@elnorte.com
