Al conmemorar el sexto aniversario de los sucesos ocurridos el 22 y 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde murieron 72 migrantes, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llamó a respetar y garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
En un comunicado, convocó a reducir los altos niveles de impunidad que caracterizan a los crímenes cometidos contra las personas migrantes en su tránsito por el territorio mexicano.
Recordó que las 72 personas fallecidas, 58 hombres y 14 mujeres, provenían de varias naciones de Centro y Sudamérica e intentaban cruzar el territorio nacional con destino a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades ante la situación de pobreza y violencia que vivían en sus comunidades de origen.
Señaló que su muerte constituyó “una de las mayores atrocidades registradas en el país, lo que reflejó un escenario paradigmático ante la comunidad internacional que visibilizó las graves violaciones a los derechos humanos cometidas hacia ese grupo”.
Resaltó que es una situación que tiende a repetirse en menor o mayor grado contra la población migrante que transita por el país, grupo vulnerable que debe enfrentarse cotidianamente a actos de violencia, discriminación, secuestros, abuso sexual, trata y desapariciones forzadas.
Refirió que las autoridades incurrieron en múltiples irregularidades durante el proceso de investigación, como la falta de preservación de las evidencias, mala actuación al trato que se dio a los cadáveres, realización de necropsias tardías y la falta de identificación de cuerpos.
Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 80/2013 al procurador general de la República y al gobernador de Tamaulipas, con la intención de investigar los hechos, pero las autoridades correspondientes obstaculizaron su desarrollo y negaron a los familiares de las víctimas el acceso a la información del caso.
En tanto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entró al estudio conjunto de los hechos relacionados en la sesión del día 2 de marzo de 2016.
Además de los restos localizados en 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en 2011 y de los restos hallados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012.
Recordó que el máximo tribunal del país concedió el amparo a los familiares de dos ciudadanos salvadoreños, cuyos cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en 2011.
También, indicó, en el fallo se ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir las investigaciones sobre la muerte de personas migrantes extranjeras ocurridas entre 2010 y 2011 en el municipio mencionado.
Por otra parte, en 2011 se promulgaron a nivel federal las leyes de Migración, y de Refugiados y Protección Complementaria, así como de manera paralela emergieron algunas legislaciones a nivel local como la legislación de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal.
Sin embargo, la CDHDF subrayó que en el tema de tránsito migratorio siguen pendientes retos relacionados con el acceso a la justicia y la libre movilidad, y el incremento en las violaciones a derechos humanos de quienes cruzan por México.
En particular, agregó, en algunas de las comunidades de tránsito migratorio donde se recrudeció el reclutamiento de personas, sobre todo jóvenes, para actividades relacionadas con la delincuencia organizada.