Por Mayela Sánchez
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Cada año, Estados Unidos emplea a más de 100 mil personas como trabajadores temporales, usualmente en labores mal pagadas. El 83 por ciento de ellos, son mexicanos. La necesidad de un trabajo ha llevado a muchos de ellos a aceptar trabajos aun sin cerciorarse si la empresa que los está contratando existe o si la persona que les ofrece el trabajo no es en realidad un estafador. El fraude que la supuesta agencia de contratación Chamba México hizo a más de 6 mil personas que buscaban un trabajo en Estados Unidos o Canadá fue apenas la evidencia de un problema mayúsculo que persiste: la defraudación de trabajadores que buscan una oportunidad laboral en el exterior, a través de estafadores que se hacen pasar por reclutadores o de auténticos intermediarios de las empresas, que prometen a las personas condiciones de trabajo que luego no cumplen. De acuerdo con el Centro de los Derechos del Migrante, uno de cada 10 trabajadores migrantes ha sido víctima de fraude. Se trata de un problema complejo por varias razones: su trasnacionalización, los esquemas de subcontratación que impiden rastrear a empleadores y reclutadores, la falta de registros oficiales y el miedo de los trabajadores a denunciar, frente a la posibilidad de perder el trabajo o ser puestos en listas negras. La irregularidad con que operan los reclutadores y la falta de atención de los gobiernos mexicano y estadunidense terminan por configurar un escenario propicio para los abusos. Cada año miles de migrantes viajan a EU para obtener una oportunidad de trabajo, sin embargo están a expensas de ser defraudados por empresas inexistentes. Foto: Cuartoscuro Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– Aquel día de 2007 en que Pedro salió de su comunidad en el estado de Zacatecas tenía la firme idea de que llegaría a trabajar en una construcción en Nueva York, Estados Unidos. Era la sexta vez que hacía el viaje a la Unión Americana para trabajar allí una temporada y luego volver a su casa, con sus dos hijos y su esposa. Y, por supuesto, con el dinero que no ganaba en su tierra como campesino o albañil Desde 2002 cada año repetía la misma rutina, pero ese 2007 fue diferente. Para empezar porque ese año ya no viajó a Denver, como lo había hecho en los años previos, pues le ofrecieron trabajo para ir al estado de Nueva York. Le dijeron, eso sí, que iría a hacer lo mismo que había hecho las veces anteriores: emplearse en tareas de construcción. Entonces de 41 años, Pedro no tuvo dudas sobre el trabajo que iría a hacer. Su confianza era entendible no sólo por su experiencia contratándose como trabajador migrante temporal, sino porque había gestionado el empleo a través de una instancia del gobierno estatal. “Eran intermediario ellos”, dice al teléfono Pedro, desde suelo zacatecano. Dado que el cauce de su historia aun le puede traer consecuencias negativas, pide no publicar su nombre real. En la oficina del gobierno estatal, dieron a Pedro el contacto y número de cuenta bancaria de un hombre que, supone, estaba en Monterrey, Nuevo León. Lo supone porque nunca lo supo con certeza, pues jamás conoció en persona a quien fungiría como intermediario entre él y la empresa para la cual iría a trabajar. Aún así, con la seguridad que le daba tener el aval del gobierno del estado, Pedro confió y pagó 5 mil pesos al intermediario, sólo para que lo llevara. Además, tuvo que comprar su boleto de avión. Desembolsó, en total, unos 20 mil pesos, calcula. Mucho de ese dinero fue conseguido con deudas adquiridas que esperaba pagar cuando regresara y tuviera en los bolsillos los dólares que pensaba reunir en los nueve meses que estaría en Estados Unidos. Pero nada salió como esperaba. “Fuimos unas víctimas, o sea nos prometieron pagarnos un tanto de dinero y a la mera hora no nos pagaron lo que nos ‘bían prometido”, dice, aún indignado por el engaño. Pedro habla en plural porque incluye en su relato a los otros nueve trabajadores migrantes mexicanos que estaban con él en Nueva York. El grupo original de paisanos fue de 20 –algunos de Zacatecas, otros de Durango, otros más de Nuevo León– pero la mitad había sido llevada a trabajar a Delaware, y la otra mitad a Nueva York. Ahí descubrieron que el dinero no había sido el único engaño: tampoco el trabajo que les habían prometido fue el que encontraron. “Ya cuando estuvimos allá nos pusieron a trabajar a los juegos, a los raiders”, cuenta refiriéndose a los juegos mecánicos de una feria ambulante de la compañía Dreamland Amusements, Inc, basada en Nueva York. “Uno está impuesto a trabajar, tons dijimos: ‘Pos nomás con que paguen bien’”, relata. “Pero ya a la hora del pago, fue muy poquito”. Le habían prometido que le pagarían 12 dólares la hora, pero su primer pago fue de 200 dólares por jornadas laborales de más de ocho horas. Luego le aumentaron a 250 dólares. No hubo remuneración alguna por horas extra. “Les dije yo: ‘¿Qué pues, pues esto qué?’. Entonces dijeron que eso es lo que íbamos a ganar, y a la siguiente semana ya nos subían a 250 [dólares], pero jue lo más que nos podían pagar”, narra. El trabajo de Pedro consistía en armar y desarmar los juegos mecánicos, operarlos y a veces hasta ocuparse de recoger los boletos de los asistentes. Él describe así su rutina: “Trabajábamos como unas 18 horas al día. Veces todo, las 24 horas, cuando se desarmaban los raiders. O sea haga de cuenta que entrábamos a las 10 de la noche y hasta otro día, o sea se abrían los juegos a las seis, a las cuatro de la tarde, se terminaban a las 10 y a las 10 a desarmar todos los juegos y terminábamos al otro día, y a trasladarnos a otra ciudad”. Al trabajo extenuante y mal pagado se sumaban las condiciones en que vivían. “No había chanza de comer, dormíamos en unas trailas [casas rodantes] que pues era mejor dormirse uno juera, están muy feas las trailas. Está bien que está uno, mexicano, muy fregado, pero allá estaba peor”, dice. “Yo me quedaba en una traila que se goteaba y me tenía que cobijar con un hule. Y había muchas chinches. Haga de cuenta que era la cárcel”. En su traila vivían 10. “Pero amontonados”, detalla. Dice que mientras “los gringos” dormían en casas rodantes con luz y refrigerador, ellos no tenían tales servicios, de modo que no podían comprar alimentos para prepararse comida porque se les echaba a perder. Pero aun teniendo refrigerador, no era posible ir a comprar alimentos, dado que la feria ambulante se instalaba en parajes alejados de las ciudades que visitaba y lo trabajadores migrantes no tenían posibilidad de trasladarse hasta los centros urbanos para hacerse de una despensa. La opción que les quedaba era comer en la feria. “La comida más o menos nos salía lo que costaba en la feria, usted sabe que en la feria todo es bien caro, entonces no había modo de ir a comprar mandado o algo, entonces teníamos que comer ahí en la feria”, dice Pedro. Llegó un momento en que ese gasto se hizo incosteable. “Hasta mandé pedir dinero par acá para que me mandaran pa’llá. Ya no mandaba, mandaba pedir”, cuenta con sorna. De los nueve meses que Pedro pensaba pasar en Estados Unidos, sólo aguantó tres en esas condiciones. Durante ese tiempo, dice que reclamó varias veces. “Jue varios reclamos, pero ya después nos querían quitar los pasaportes, la visa, todo. O sea la persona, el encargado, se llamaba John y era el que nos quería quitar las visas para que no nos juéramos para otro lado, y nos amenazaba que quienes nos juéramos nos iba a pegar y todo eso”. El grupo de Pedro no permitió que les quitaran sus visas, pero hubo unos trabajadores de Veracruz a quienes sí se las quitaron, relata. Fue entonces que el zacatecano les dijo a sus compañeros que mejor se regresaran. Sólo otros tres lo apoyaron. “Regresé hecho una radiografía, bien flaco”, suelta con soltura. Pero luego su voz se torna seria. “A nosotros sí nos jue muy mal, mal que nos jue, no tengo palabras para decirle cómo nos jue pero hay compañeros de ahí mismo que hasta llegaron a golpearlos”, dice. En la simpleza de una frase, Pedro expone la exigencia de muchos: “Merecemos un trato mejor, porque pues no somos animales. Lo único que quiere uno es trabajo”. EL RIESGO PARA TRABAJADORES MIGRANTES EU emplea cada año a más de 100 mil trabajadores migrantes en trabajos temporales de bajos salarios, con visas H-2A (para trabajos agrícolas) y H-2B (para trabajos no agrícolas). Foto: Notimex Estados Unidos emplea cada año a más de 100 mil trabajadores migrantes en trabajos temporales de bajos salarios, con visas H-2A (para trabajos agrícolas) y H-2B (para trabajos no agrícolas), de acuerdo con la Oficina de Asuntos Consulares de ese país. La misma fuente refiere que la mayoría de esos migrantes, conocidos como “trabajadores huéspedes”, que viajan con visas H-2 proviene de México. El reclutamiento es el primer paso de ese mecanismo de trabajo, pero también puede ser el primero de un ciclo de abusos de los trabajadores migrantes temporales, señala el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), una organización binacional enfocada en estudiar las problemáticas de la migración en el ámbito laboral y promover los derechos de los trabajadores migrantes. Fundado en 2005, el CDM tiene actualmente oficinas en Baltimore, Oaxaca y el Distrito Federal. Desde ésta, hablan en entrevista Brenda Andazola Acosta, su directora general en México, y Sara Farr, coordinadora del proyecto Justicia en el Reclutamiento. Farr dice que ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México vigilan cómo se lleva a cabo el trabajo temporal, desde el proceso de contratación, el registro de los actores involucrados, hasta el monitoreo de las empresas. El riesgo de esa falta de vigilancia es que se cometan fraudes o abusos contra los trabajadores, como le ocurrió a Pedro. Los fraudes pueden ocurrir tanto de los empleadores, de los reclutadores legítimos o de personas que aparentan ser reclutadores. Sobre los dos primeros, el CDM señala en el informe Revelando el reclutamiento que los reclutadores pueden tergiversar los términos de las ofertas de empleo con tal de atraer a más trabajadores y cobrarles cuotas de reclutamiento más altas (cuotas que, por cierto, son ilegales tanto en México como en Estados Unidos). Como los trabajadores no tienen forma de verificar las promesas que les hacen los reclutadores, aceptan y cuando llegan a Estados Unidos se enfrentan a una realidad totalmente diferente a la que pensaban. Y como raramente los trabajadores reciben un contrato escrito, es difícil que tomen alguna acción legal contra los reclutadores o empleadores por incumplir los términos bajo los cuales fueron llevados a Estados Unidos. La otra posibilidad de fraude es por estafadores que se hacen pasar por reclutadores, van a las comunidades, ofrecen trabajados inexistentes, cobran a las personas cuotas por el supuesto reclutamiento y desaparecen sin dejar rastro. En este caso los trabajadores no tienen ninguna forma de verificar la legitimidad del reclutador o de la oferta de empleo, pues no existe algún registro de reclutadores o base de datos que los trabajadores puedan revisar para cerciorarse de la veracidad del trabajo ofrecido, apunta el informe del CDM. “Para muchos trabajadores, la necesidad urgente de un trabajo estable supera los riesgos, lo que los obliga a aceptar ofertas de empleo aunque no cuenten con los medios para verificar su legitimidad”, con la consecuencia de que pierden cientos o incluso miles de dólares, señala el documento. La falta de información sobre el tema impide conocer la dimensión de este problema. No obstante, el informe de CDM, que se hizo con base en entrevistas a trabajadores migrantes, ofrece un dato al respecto: uno de cada 10 trabajadores entrevistados dijo haber pagado una cuota por un trabajo inexistente. En 2013 se dio a conocer el fraude que una agencia de colocaciones llamada Chamba México había cometido contra 3 mil 135 personas que buscaban trabajo en Estados Unidos y Canadá. La agencia les ofrecía tramitar visas H-2 para trabajar en Estados Unidos, así como empleos temporales en Canadá, con ofertas de pago de 15 dólares la hora. Después, su estrategia era citar a las personas afuera de sus oficinas –ubicadas en distintas ciudades del país– y dejarles ahí esperando. En agosto pasado, las organizaciones civiles que denunciaron el fraude de Chamba México (Global Workers Justice, Proyecto Jornaleros SAFE y el CDM, entre otras) informaron que para entonces habían detectado víctimas de ese fraude en 15 entidades del país. Los afectados sumaban ya 6 mil 500 y el monto por las estafas era de más de 51 millones de pesos. Los principales afectados habían sido personas provenientes de comunidades pobres, en donde la gente es más vulnerable de ser engañada con la promesa de empleos bien remunerados, de acuerdo con las organizaciones. “Es algo que pasa todo el tiempo en las comunidades, de vez en cuando llegan a ser grandes [fraudes], como Chamba México, y son visibilizados, pero todo el tiempo recibimos llamadas de personas que han sido defraudadas, tal vez no por algo tan grande como Chamba México, pero es un problema constante en las comunidades”, afirma Farr. SUBCONTRATACIÓN Y LISTAS NEGRAS La informalidad del proceso de reclutamiento también ha generado cadenas de subcontratación que impiden regular a los reclutadores o siquiera saber qué actor está cometiendo el fraude. Foto: Cuartoscuro El informe del CDM explica que el proceso de contratación de “trabajadores huéspedes” en Estados Unidos comienza cuando los empleadores obtienen un permiso del gobierno estadounidense para contratar trabajadores reclutados internacionalmente. Dicho permiso se llama Certificación de trabajo temporal. Una vez que el empleador recibe un número determinado de certificaciones para visas H-2A o H-2B, por parte del Servicio de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos, suele recurrir a reclutadores para localizar a los trabajadores que aplicarán para sus visas. Se trata pues de “un proceso irregular, complejo e informal”, a decir del CDM. Farr considera que si bien es inevitable que existan reclutadores, lo que no está bien es que sean los trabajadores quienes les tengan que pagar por su trabajo, aun cuando el beneficio es para las empresas que recurren a ellos. Se trata, además, de una práctica ilegal. Sin embargo, la informalidad del proceso de reclutamiento también ha generado cadenas de subcontratación que impiden regular a los reclutadores o siquiera saber qué actor está cometiendo el fraude. Por ejemplo, si un empleador contrata a una agencia de reclutamiento en Estados Unidos, que a su vez subcontrata a otra agencia en ese país, y esa segunda agencia subcontrata a una agencia de reclutamiento en México, que es la que contrata a los reclutadores. Algunas veces, los empleadores también pueden recurrir a agencias de empleo para que los ayuden a localizar a trabajadores. Estas agencias “rentan” los trabajadores a los otros empleadores. También abogados y despachos de abogados pueden fungir como reclutadores en Estados Unidos, de acuerdo con el informe del CDM. “Lo que nos gustaría ver algún día sería como una forma para eliminar realmente a los reclutadores, porque lo que hemos visto es que las pocas personas que conocemos que van directamente con sus empleadores, que tienen una relación ya con un empleador en Estados Unidos y van cada año, ellos tienen más seguridad porque saben cómo es el trabajo, porque ya han ido, saben cómo está la empresa. Y aparte no tienen que pagar esas cuotas”, dice la integrante del CDM. Andazola añade que otro riesgo con la subcontratación es que dificulta la localización del reclutador o empleador en casos de abusos. Un elemento que se suma a la complejidad es la trasnacionalización del proceso de contratación. “A veces es un poco complicado hacer que los empleadores rindan cuentas desde el lado mexicano, porque a final de cuentas el empleador puede llegar hasta cierto punto, y las leyes en Estados Unidos pueden llegar hasta cierto punto; pero aquí en México, aunque las leyes existen, vemos que la realidad es más complicada y realmente no se ejerce”, señala. Otro obstáculo para detectar los casos de abuso es la renuencia que los trabajadores tienen a denunciar, por miedo a que el siguiente año el reclutador ya no los contrate o, peor aún, los pongan en listas negras para impedir que algún otro empleado le dé trabajo en el futuro. “Muchas veces lo que al trabajador le interesa es poder irse a trabajar, y muchas veces no quiere platicar ni quiere denunciar por miedo a dejar sin trabajo al reclutador, o quedarse en una lista negra y el próximo año quedarse sin trabajo”, refiere la director del CDM. Pedro sabe de eso, por eso es que cuando regresó a México, defraudado, con deudas y sin dinero, no quiso denunciar el caso. Sin embargo, hubo un trabajador que sí lo hizo. Ese trabajador terminó el plazo que debía cumplir de trabajo con Dreamland Amusements y, antes de regresar a México, la denunció en Nueva York. El fiscal del estado de Nueva York hizo una investigación al respecto y demandó a la compañía. La demanda fue sometida a una corte federal, alegando violaciones a las leyes referentes al sueldo mínimo y pago de tiempo extra, así como a las leyes que prohiben la discriminación en el trabajo (pues los trabajadores no mexicanos recibían mejores condiciones). En 2009, tras dos años de litigio, Dreamland Amusements y el fiscal llegaron a un acuerdo, conforme al cual la empresa tenía que pagar a los trabajadores 325 mil pesos por los sueldos no pagados en su momento, además de cambiar sus políticas para cumplir las leyes de protección laboral, explica a SinEmbargo la directora legal del CDM, Jessica Stender. Pedro dice que a él aún le deben dinero, pues asegura que sólo le pagaron una parte. Y aunque la justicia le llegó sin buscarla, el desenlace para él no fue positivo. “Se me cerraron las puertas, jue la última vez que jui”, expresa. Narra que a partir de ese hecho cada vez que metía sus papeles para que le dieran una visa de trabajo, ya no le llamaban y sólo le daban largas. De nada sirvió decir que llevaba ya varios años yendo a trabajar o mostrar que tenía un buen historial. Entonces entendió que estaba en una lista negra: “Tengo mi récord bien, o sea yo tengo licencia allá y todo, nunca me agarraron tomado ni nada, entonces no sé por qué. Fue a raíz de eso. A todos los que presentamos la denuncia, a todos nos pasó eso. Ya no hemos podido ir”. SI MÉXICO CUMPLIERA LA LEY… Ante la falta de información para que los trabajadores puedan verificar la legitimidad de empleadores, reclutadores y ofertas de trabajo, el CDM lanzó recientemente una plataforma llamada Contratados. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo A diferencia de lo que ocurre con Canadá, donde México tiene un acuerdo bilateral de trabajadores temporales, en el caso de los trabajadores que van a Estados Unidos, nuestro país no tiene posibilidad de incidir en cómo se entregan las visas H-2. “Son visas que el gobierno de Estados Unidos maneja y por lo tanto decide a quien se lo entrega, a pesar de que hay un 83 por ciento de visas H-2 que van a mexicanos”, dice Farr. “Lo que el gobierno de México sí puede controlar un poco más es cómo ellos están monitoreando y registrando actores que reclutan trabajadores mexicanos en México”, agrega. Desde 2006, México cuenta con un Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores que requiere que las agencias de colocación de trabajadores –incluidas las que reclutan para otros países– estén registradas. “Definitivamente ese registro no funciona”, sostiene Farr, e ilustra su señalamiento con un ejemplo: “Chamba México estaba en ese registro”. Farr y Andazola hicieron un ejercicio para verificar la utilidad de dicho registro, manejado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Cuentan que cruzaron los 300 datos que ellas tenían sobre reclutadores (de casos que han llevado o conocen) con los datos del registro del gobierno. El resultado: sólo coincidieron tres casos. Además, en el registro de la STPS sólo había siete agencias que se identificaban como agencias extranjeras. “Hay problemas con ese registro y no hemos visto cambio”, espeta Farr. Las integrantes del CDM consideran que la base de datos que tienen es mínima en comparación con la cantidad de agencias, empleadores y reclutadores que existen, pero la ausencia de un registro confiable hace imposible conocer la dimensión real de actores involucrados en las contrataciones de trabajadores temporales. Desde luego, los más afectados por la falta de información son los trabajadores. Al respecto, Farr comenta que cuando un reclutador llega a una comunidad y ofrece trabajo a las personas, lo primero que ellas quieren saber es si es confiable. “Es la pregunta más importante que tienen las personas migrantes y es una pregunta que sin un registro no podemos contestar”, dice. Farr refiere que en Estados Unidos han existido iniciativas de ley para cambiar los mecanismos de reclutamiento de trabajadores migrantes; sin embargo, señala, éstos no han sido exitosos para modificar a profundidad el sistema de reclutamiento y se cambien cuestiones como que las visas estén restringidas a trabajar sólo para el empleador con quien se hizo el trato o que los trabajos para los trabajadores migrantes suelen ser mal pagados. “No se va a remediar simplemente con cambiar una parte, una sola visa. Es algo que debemos ver más de forma sistémica, que es un problema con la necesidad de tener a trabajadores temporales que vienen por un rato y después se van, esa es la visión que tienen los gobiernos y pues no, hay que examinar bien cuáles son las condiciones bajo las cuales están laborando esas personas, realmente pensar en una visión mucho más amplia de los derechos que tienen”, expone. Pero frente a esos retos, Andazola apunta que, por lo pronto, bastaría con que se cumpliera la Ley Federal del Trabajo para que se pudiera hablar de una protección a lo trabajadores migrantes temporales. “Bajo la ley mexicana, todos los trabajadores que son reclutados tienen que recibir un contrato. Entonces aplicar la ley que ahora tenemos sería un buen lugar para empezar, después podemos pensar en otras protecciones más allá, pero eliminar las cuotas, registrar a los reclutadores en las comunidades, asegurar que todos los trabajadores reciban un contrato son cosas que ya están en la ley pero no están siendo cumplidas”, refiere. CONTRATADOS, UNA HERRAMIENTA DE APOYO Ante la falta de información para que los trabajadores puedan verificar la legitimidad de empleadores, reclutadores y ofertas de trabajo, el CDM lanzó recientemente una plataforma llamada Contratados, que busca llenar ese vacío. Se trata de un portal de Internet que recopila datos sobre empresas y reclutadores que publican los gobiernos mexicano y estadunidense, así como la prensa u otras fuentes de información públicas. El objetivo es que los trabajadores puedan hacen sus propias búsquedas para verificar si la empresa que le ofrece trabajo realmente existe, o si los reclutadores son confiables. Además de la información divulgada públicamente, el portal se nutre con las reseñas que pueden hacer los trabajadores. De esa manera, son ellos mismos quienes intercambian sus experiencias, opiniones, dudas y recomendaciones sobre los empleadores. Farr cuenta que el proyecto de Contratados empezó a gestarse hace dos años, siempre con la idea de generar una herramienta dirigida a la población trabajadora migrante. Dice que el proceso fue largo porque en su afán de que fuera realmente útil para los trabajadores, organizaron cinco rondas de grupos focales con ellos para conocer sus intereses e inquietudes. En ese proceso, el fraude de Chamba México, paradójicamente, les fue de utilidad, comparten Andazola y Farr. Y es que conforme las personas se fueron dando cuenta del fraude, comenzaron a enviar mensajes en la página de Facebook de Chamba México. La persona que administraba la página eventualmente la abandonó, pero ésta quedó abierta y las personas continuaron usándola como foro para intercambiar información, enviarse mensajes, alertar a otros o contestarse dudas entre ellos. Eso le sirvió al equipo del CDM para darse cuenta de que necesitaban ese tipo de foro en la nueva plataforma. “Es muy bueno saber eso, que realmente hay una necesidad de los trabajadores de hablar con otros migrantes que han tenido experiencias con el mismo reclutador o que tienen información de otro reclutador”, expresa Farr. Como está pensada en función de las necesidades de los trabajadores migrantes, la plataforma también prevé la posibilidad de hacer las reseñas sobre empleadores y reclutadores a través de llamadas telefónicas o de mensajes SMS. Además, difunde información sobre los derechos de los trabajadores por medio de cómics, radionovelas o carteles, que pueden descargarse.
