Una vez más el padre Solalinde vuelve a la carga. Porque bien sabemos que el actual gobierno federal no moverá un dedo para solucionar la grave problemática por la que pasan los migrantes centroamericanos, en su trayecto por la República Mexicana. Y ante los vacíos legales, el Instituto Nacional de Migración hace de las suyas al detener y mantener encarcelados a los migrantes todo el tiempo que les da la gana. Pues ahora el movimiento migrante, ha puesto el dedo en la llaga, y esperamos respuesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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La organización de la Comisión Mesoamericana de Juristas, en compañía del padre Alejandro Solalinde, solicitó esta mañana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) una acción declarativa sobre la detención de migrantes en estaciones y puntos de revisión del país, en donde se violan los derechos fundamentales de las personas que transitan por México.
La solicitud de apertura de expediente fue entregada en la oficialía de partes de la SCJN y está firmada por más de 40 miembros de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos.
La Comisión Mesoamericana de Juristas pretende obtener una resolución que elimine la incertidumbre y establezca una interpretación correcta de la Ley de Migración y que permita garantizar las condiciones para que todos los migrantes ejerzan los mismos derechos que cualquier ciudadano, como lo obliga la Constitución y los tratados internacionales, detalló el abogado Santiago Corcuera.
La estrategia jurídica apunta a lograr una resolución similar a la del llamado caso Rosendo Radilla en relación a cuestiones de constitucionalidad y convencionalidad de actos de autoridad y leyes vigentes en México.
Lo que estamos buscando es que la Corte acceda a abrir un expediente para que conozca sobre estas cuestiones. Es una decisión discrecional de la Corte, que esperamos que en razón de la crisis humanitaria por la que atraviesa el país y las grandes violaciones que se cometen contra la migrantes, la Corte sea sensible y de apertura, explicó.
Corcuera detalló que la detención de migrantes no tiene sustento constitucional, en donde, ni siquiera existen plazos para reternerlos.
