Las problemáticas documentadas por defensoras y defensores de derechos humanos de migrantes derivan de la característica de México como un país de origen, destino, tránsito y retorno de personas. Relacionadas con esa labor se manifiestan situaciones de riesgo, eventos que vulneran su seguridad, amenazas o atentados contra su integridad.
10 Por un lado, México posee una tradición histórica de emigración rumbo a Estados Unidos por razones económicas, de reunificación familiar o por motivos culturales propios de regiones en las que la migración hacia el norte forma parte de sus
11 tradiciones. De acuerdo con estimaciones del Pew Hispanic Center con base en estadísticas oficiales, en el año de 1993 se registró un flujo anual de 370 mil mexicanos con destino a Estados Unidos, incrementándose paulatinamente hasta alcanzar
su mayor punto en el año 2000 con un total de 770 mil. Sin embargo, esta cifra ha comenzado a descender de tal manera que para el 2010 se registró un flujo anual de 140 mil migrantes.
Si bien no es objeto de este documento profundizar en las modificaciones de las dinámicas migratorias de mexicanos hacia Estados Unidos, es relevante señalar que la disminución del flujo neto anual no es efecto de una mejora en las condiciones
socio-económicas en México que impulsen un proceso de retorno y reinserción productiva de la población migrante. Si bien es cierto se reflejan mejorías en algunos sectores de la economía mexicana, no son un impacto considerable en las tendencias
emigratorias. En cambio, la crisis financiera mundial que impactó la economía estadounidense, el recrudecimiento de las estrategias de deportación y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, conjugadas con las condiciones de violencia e
inseguridad en todo el territorio mexicano, en específico en sus zonas fronterizas, dificulta los intentos de cruzar rumbo a Estados Unidos tanto de mexicanos repatriados como de aquellos nuevos migrantes.
Debido a lo anterior puede señalarse que las causas que han modificado las dinámicas migratorias entre México y Estados Unidos, son las mismas causas que generan diversas violaciones a los derechos humanos de la población migrante.
Las estrategias de redadas al interior de Estados Unidos para aprehender y deportar migrantes indocumentados no solamente atentan contra la integridad y seguridad de los migrantes, sino que también desembocan en violaciones al derecho 12 de unidad familiar . De igual modo, el control migratorio implica privar de la libertad a las personas en centros de detención que atentan contra los derechos de acceso a un debido proceso, la integridad y seguridad personales, la salud y la vida; situación que se agrava en los casos de niñas, niños y adolescentes.
Varias organizaciones civiles han documentado que “[…] la falta de cumplimiento de los acuerdos locales, protocolos o arreglos de repatriación […] implica poner en riesgo a adolescentes no acompañados, mujeres y personas lesionadas; se han dado deportaciones masivas por puntos fronterizos donde no se cuenta con la infraestructura necesaria de la sociedad civil ni del Estado para su atención […]; se percibe una discriminación de las personas migrantes en varios estados fronterizos de EUA; aplicación de perfiles raciales para justificar actuación de la autoridad tanto en México como en EUA; controles de identidad – inconstitucionales – a lo largo de la frontera norte violando el derecho a la integridad personal, libertad de tránsito y derecho a la propiedad […]; asesinatos de la Border Patrol en la zona de la frontera del lado mexicano […]; se considera como un fracaso el Programa de Repatriación Humana, ya que los albergues son los que proporcionan la asistencia integral y no el
13 gobierno mexicano”.
Estas violaciones se suman al incumplimiento por parte de las autoridades mexicanas del respeto al derecho de protección consular, los elementos del debido proceso durante los procedimientos administrativos y el acceso a la justicia cuando cualquier autoridad de ambos países vulnera los derechos de la población migrante.
Tales problemáticas colocan la labor de defensa a los derechos humanos en niveles de vulnerabilidad, pues al ser las y los defensores quienes documentan y denuncian esas violaciones ante autoridades gubernamentales; se vuelven blanco de críticas, descréditos y hostigamientos. En el peor de los casos y dependiendo la denuncia realizada, el nivel de la autoridad involucrada o si grupos delictivos se encuentran relacionados, el riesgo se incrementa y los hostigamientos pueden convertirse en amenazas, ataques directos contra las organizaciones civiles o atentados a la vida e integridad de las y los
defensores. 14 Por otro lado, la defensa de los derechos humanos de la población migrante extranjera o inmigrante , en situación irregular, que ingresa y transita por territorio mexicano, se ha convertido en una actividad de muy alto riesgo. Se trabaja en contextos de corrupción de autoridades, florecimiento de delitos contra migrantes cometidos por la delincuencia organizada, complicidad de autoridades con grupos fácticos, así como por la misma intolerancia de poblaciones por donde cruzan los migrantes y la comunidad los rechaza por su origen centroamericano o por vincularlos con pandilleros y delincuentes.
El Fenómeno de la migración indocumentada en tránsito por México ha manifestado las fallas del sistema migratorio mexicano y sus problemáticas derivadas. La política migratoria seguida hasta el momento por el Estado ha sido mantener un control laxo en la frontera sur con Centroamérica y disponer estrategias de revisiones y verificaciones a lo largo del territorio para ubicar a extranjeros indocumentados, aprehenderlos, detenerlos y devolverlos a sus países de origen. Este enfoque perverso de política ha generado la criminalización de la población migrante, el crecimiento del negocio del tráfico ilícito de migrantes, el florecimiento de la trata de personas vinculada al problema de la presencia de la delincuencia organizada, la extorsión ejercida por autoridades y particulares, la violencia de género contra mujeres, la desaparición
forzada, el secuestro sistemático por parte de grupos delictivos, entre muchas violaciones a los derecho humanos.
Varias organizaciones de la sociedad civil han documentado y hecho públicas las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México. Los diferentes informes que se han hecho públicos y que se han entregado al
sistema internacional e interamericano de derechos humanos, dan muestra de la crisis humanitaria que representa la transmigración centroamericana y de otras latitudes, y de la falta de compromiso del Estado mexicano en garantizar marcos normativos y políticas públicas que garanticen los derechos de las personas.
Los niveles de riesgo que en la actualidad enfrentan las y los defensores se han incrementado como consecuencia de la participación de la delincuencia organizada en la comisión de delitos contra migrantes. Tal es el caso del secuestro que
denuncian los albergues para migrantes, cuyas consecuencias son sufrir amenazas, hostigamientos, agresiones e incluso que las y los defensores sean forzados a salir de sus localidades de residencia.
Si bien la gran mayoría de los eventos de seguridad documentados por las y los defensores se derivan del señalamiento a grupos delictivos, también son efecto de la denuncia a la participación u omisión de las autoridades en la comisión de
violaciones a los derechos humanos.
Estas problemáticas fueron informadas al grupo de la Misión Internacional durante su encuentro con casas del migrante y centros de derechos humanos ubicados en la frontera norte de México. Los albergues ubicados en el noreste continúan documentando secuestros de migrantes, extorsiones por parte de policías de los tres niveles de gobierno, negación del derecho de acceso a la justicia ante la clara complicidad de las autoridades con grupos delictivos e incursiones ilegales de fuerzas militares en las oficinas de las y los defensores.
Sobre esto último destaca un evento de seguridad acontecido a principios de 2012 en uno de los Centros de Derechos Humanos del estado de Coahuila:
Con motivo de una supuesta denuncia anónima, un comando de militares irrumpió en las instalaciones del Centro en busca de narcóticos y presuntos distribuidores. Sin ninguna orden de cateo ingresaron con violencia a las oficinas. Poniendo en
riesgo a dos colaboradores de la organización y sus hijos, los militares registraron todas las habitaciones y armaron un desastre. Con abuso de autoridad no dieron razón al responsable del Centro e incluso lo hostigaron señalándole que los militares así actúan. Luego de evaluar el incidente se tomó la decisión de denunciar el hecho. La reacción de las autoridades fue señalar que las actitudes de los militares se dan desde la subjetividad y no como una práctica institucional o sistemática.
Los albergues ubicados en las ciudades de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, trabajan en contextos de extrema violencia e inseguridad, alimentados por la inoperancia y corrupción de las autoridades. No sólo los
migrantes extranjeros que llegan para intentar cruzar a Estados Unidos son violentados, sino que también los mexicanos deportados por autoridades migratorias estadounidenses sufren abusos de policías municipales y grupos delictivos. Para las y los defensores no existe autoridad confiable a la que puedan acercarse a denunciar, interponer denuncia o esperar procuración de justicia. Las fuerzas responsables de la seguridad pública se ubican en círculos viciosos de corrupción y complicidad con delincuentes.
Según el testimonio del colaborador de un albergue para migrantes en el noreste de México:
En diciembre de 2011, diez personas armadas ingresaron a la casa del migrante y se llevaron a 13 personas mexicanas que habían sido deportadas bajo el argumento que eran parte de la delincuencia. A la fecha se desconoce el paradero de las personas
desaparecidas.
Frente a este panorama de vacío de autoridad e ingobernabilidad, las y los defensores de la región son objetivo de amenazas, hostigamientos e incluso ataques directos por grupos delictivos y autoridades corruptas. Las distintas casas del migrante
ubicadas en Tamaulipas son amenazadas constantemente por su labor de consejería a los migrantes. La ausencia de condiciones de seguridad para la labor de defensoría se manifestó ya en la Casa del migrante de Tampico, Tamaulipas, que debió cerrar sus puertas y el equipo desplazarse a otra localidad ante la embestida de agresiones de la delincuencia organizada.
Debido a lo anterior los equipos han valorado su función como defensores. El testimonio de uno de ellos ubicado en la región noreste refleja la compleja situación:
Ante la falta de cualquier capacidad de defender los derechos humanos los equipos hemos tomado la decisión de solamente dar atención humanitaria. Defensa de los derechos humanos y denuncia no se hace por la falta de condiciones.
Los diferentes equipos deben trabajar, pues, en contextos donde los únicos aliados son otras organizaciones de derechos humanos y albergues de la red de casas del migrante que mantienen comunicación. Sus actividades son atacadas desde varios
actores que pueden o no tener vínculos entre ellos. Fuerzas militares que ingresan a los albergues de manera ilegal con motivo de sus estrategias de lucha contra el narcotráfico; policías municipales que asaltan a los migrantes mexicanos repatriados;
traficantes de migrantes que trabajan de manera oculta al interior de los albergues; grupos delictivos que controlan territorios y obligan a los defensores a dejar de hacer labor de protección; así como autoridades judiciales y ministeriales coludidas con la
delincuencia.
Por otro lado, el equipo de la Misión Internacional que visitó Tenosique, Tabasco, obtuvo el siguiente testimonio de un defensor que labora en esa zona del sureste mexicano:
Aquí hemos tenido muchos casos, amenazas, intimidaciones, denuncias penales a la PGR, Ministerio Público Federal… hay un abanico grande. Lo más grave que nos ha pasado es una amenaza de muerte que yo recibí por teléfono en septiembre de 2011. Las
amenazas constantes del Ejército mexicano. Todo eso está documentado y denunciado penalmente ante los ministerios, ante el ministerio público militar y el de la federación.
Son permanentes las amenazas por parte de miembros del crimen organizado, pandillas y bandas contra los integrantes de los centros derechos humanos en Tabasco. Como lo indica otro defensor:
En agosto de 2010 entró la mara al albergue y nos dejó un mensaje: “veníamos a matar al encargado de este lugar porque sacó a dos compañeros nuestros, pero nos dimos cuenta de este trabajo y puede seguir trabajando”, firmaba “la mara 18”.
En las reuniones sostenidas por la Misión Internacional con las y los defensores, se identificó que la situación de riesgo se agudiza por la inoperancia de los mecanismos de procuración de justicia. Las denuncias a funcionarios públicos del Instituto
Nacional de Migración por su colusión con grupos delictivos dedicados al secuestro o a la trata de personas; la presentación e inicio de quejas administrativas contra esos servidores públicos por violar los derechos humanos de la población migrante en
todas las etapas del proceso migratorio (revisión, verificación, detención y repatriación) y el inicio de averiguaciones previas por hostigamientos, amenazas o agresiones que atentan contra la vida e integridad de las y los defensores, deben lidiar con
uno de los graves problemas del sistema de justicia en México: la impunidad.
Como lo plantearon varias organizaciones al Relator Felipe González de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “[…]Los diversos incidentes de seguridad y violaciones de derechos humanos que sufren los defensores van desde la
privación del derecho a la vida, las privaciones ilegales de la libertad, las agresiones físicas, los atentados en contra la de integridad, los hostigamientos, el uso arbitrario del sistema penal, las injerencias arbitrarias (robo de información y 15 hallanamiento de oficinas), amenazas […]”.
Un testimonio recuperado en Tabasco por la Misión Internacional da muestra de ello:
Lo último que nos pasó es que 8 migrantes hondureños, seis menores de edad, fueron agredidos por la Procuraduría General de la República (PGR) en el tramo de la Palma, Tenosique. Los bajaron de la combi y los tuvieron 6 horas en el sol, los trasladaron a la delegación de la PGR les quitaron el poco dinero que tenían y los muchachos muy asustados llegaron al albergue, no querían denunciar, se les ofreció seguridad (aunque es una mentira) y se puso una denuncia. Dos días después los agentes federales de investigación (AFI) llegaron a querer negociar, como no aceptamos uno de ellos amenazó a la organización.
Esta grave situación fue igualmente reportada por la Casa del Migrante “La 72” y el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, quienes denuncian que el sureste es un verdadero campo minado para las personas migrantes. Además de los riesgos que implica viajar en los vagones del ferrocarril, se han incrementado violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas del orden como militares, Policía Federal y fuerzas de seguridad estatal y municipal.
El riesgo en el que desempeñan su labor crece exponencialmente ante la ausencia del Estado de Derecho en la región. Las siguientes palabras de uno de los defensores dan muestra de ello:
Los defensores de derechos humanos, estamos a la intemperie, a merced del crimen organizado con la connivencia de las autoridades. Aquí el Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República, los narcomenudistas saben que el equipo de
la organización sabemos quién le está vendiendo la droga a los migrantes. Hemos denunciado a los agentes federales de investigación, saben que nosotros sabemos lo que ellos hacen en la ciudad.
Más preocupante aún es el uso del sistema de justicia contra los defensores de migrantes. De acuerdo con el responsable de la Casa del Migrante en Tenosique, el Instituto Nacional de Migración ha interpuesto tres procesos penales en contra suya. Uno por obstaculizar la labor de la dependencia federal, otro por tráfico ilícito de migrantes y el tercero por maltrato a las personas migrantes. Ninguno de esos ha prosperado pero demuestran las actitudes de descrédito contra los defensores de migrantes y el hostigamiento institucional por parte de funcionarios públicos.
Como lo indica un colaborador del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODHEUTAB): Cuando un defensor comienza a ser incómodo es muy fácil armar delitos para intimidar y acallar. Lamentablemente, sabemos que el Estado tiene el control de todo el aparato gubernamental. Utiliza todo el poder de las instituciones para
acallar el trabajo de los defensores. En caso de que exista una denuncia penal, el Estado sabe que no contamos con los recursos para contratar un abogado. Eso nos pone en situación de gran vulnerabilidad. La autoridad piensa que si no nos
defendemos pueden encarcelarnos. Ellos te enrolan en procesos administrativos y judiciales con la intención de hundirte en un desgaste.
La situación de impunidad y colusión de autoridades no es un problema exclusivo de Tenosique. De igual modo, en Ixtepec, Oaxaca se reporta la continuidad de hostigamientos contra colaboradores del albergue “Hermanos en el Camino”. Policías
federales y de investigación así como agentes migratorios, llevan a cabo abusos contra las personas migrantes y cuando los responsables de los albergues acuden a las instancias ministeriales y de justicia para denunciar los hechos el efecto es
contrario. Interponer una denuncia por robo, secuestro o violación de derechos humanos, ha repercutido en hostigamientos y agresiones contra los defensores.
Por otro lado, a los riesgos que implica defender una población vista por la delincuencia organizada como mercancía y criminalizada por las distintas autoridades por su característica indocumentada, las y los defensores deben hacer frente a una
sociedad mexicana que en términos generales rechaza al migrante indocumentado.
16 De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México , elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que arroja información de 52,095 personas entrevistadas en el periodo del 14 de octubre al 23 de noviembre de
2010, el 25.6% (una cuarta parte) considera que la respuesta del gobierno mexicano frente a la inmigración debería ser controlarla. A la pregunta de ¿qué tanto cree usted que la gente que llega de fuera provoque divisiones?, el 26.8% responde que mucho mientras que el 39.9% considera que poco. De igual modo, a pesar de que el 58.3% del universo entrevistado señala que sí estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas extranjeras, existe un 26.6% que no lo permitiría y un 12.5% que sí pero en parte.
Estas estadísticas reflejan una realidad en México: las personas migrantes que de forma irregular ingresan a territorio mexicano, transitan por él y en no pocas ocasiones se quedan a residir, son percibidas por un sector amplio de ciudadanos como una situación que de no controlarse provoca problemas de carácter social, económico e incluso cultural. Dicha percepción se agudiza en las localidades ubicadas en la ruta del migrante y las reacciones se tornan hostiles y agresivas tanto para la población migrante como para las y los defensores de sus derechos.
Como muestra de ello se tiene el caso del sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y dirigente del refugio Hermanos en el Camino ubicado en Ixtepec, Oaxaca. “El 24 de
junio de 2008 un grupo de unos 50 residentes, encabezados por funcionarios municipales, habría llegado al refugio y amenazado con prender fuego al edificio si no se cerraba en un plazo de 48 horas. Unos días antes de este incidente, un migrante
17 centroamericano había sido detenido por la violación de una niña de seis años en Ixtepec”.
A pesar de que la agresión no consiguió cerrar el albergue ni que el Padre Solalinde dejara de realizar su labor como defensor, las descalificaciones por parte de funcionarios municipales, estatales y federales han continuado hasta la fecha, los
hostigamientos se han convertido en agresiones directas, las amenazas por la delincuencia organizada son recurrentes y los niveles de riesgo se incrementan. De hecho, el 14 de mayo de 2012, el Padre Solalinde anunció su ausencia temporal del
Albergue Hermanos en el Camino con motivo de varias amenazas de muerte recibidas y ante la falta de investigación a cargo 18 de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.
De igual modo ha ocurrido con la Casa del Migrante de Satillo, Coahuila, “Belén Posada del Migrante”. En 2009, un migrante hondureño fue acusado de asesinar a una mujer saltillense y ello desencadenó una serie de hostigamientos, agresiones a las y
los defensores, amenazas telefónicas y ataques en contra de la Casa del Migrante por medios de comunicación locales, sociedad saltillense e incluso el Congreso Estatal. Éste último, a fines del año 2009 exigió actualizar la antigua Ley General de
Población para regular en forma clara el funcionamiento de las llamadas casas del migrante y argumentó en un punto de acuerdo que “[…] tales centros albergan a personas con antecedentes penales o de perfil criminal y en esos lugares gozan de
19 impunidad y tranquilidad, evitando el asedio de las autoridades y la investigación de sus antecedentes”.
Otro ejemplo paradigmático sobre la criminalización del apoyo humanitario y la defensa a los derechos humanos son las agresiones contra la Casa del Migrante “San Juan Diego”, ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México.
En agosto de 2011 un grupo de personas que viven en la colonia donde se ubica la casa del migrante, acudieron al albergue para exigir su cierre y manifestar que los migrantes centroamericanos provocaban pandillerismo, consumo de alcohol,
delincuencia, inseguridad y violencia. En actitud violenta y agresiva contra los migrantes y sus defensores, la comunidad amenazó con cerrar a la fuerza el albergue si es que sus responsables no accedían reubicarlo. Además de ese evento de seguridad se han manifestado reacciones tanto de autoridades estatales y municipales, como de la misma comunidad, que 21 atentan contra la seguridad e integridad personal de las y los defensores.
En resumen, la labor de defensa a los derechos humanos de la población migrante en México, sea nacional o extranjera, es un trabajo cuyos riesgos se han incrementado debido a la falta de una política migratoria de Estado en materia migratoria que
comprenda las causas del fenómeno desde un enfoque regional y que se sustente en la protección de la persona y no en los intereses del Estado.
La situación de inseguridad en la que mujeres y hombres documentan y denuncian delitos y violaciones contra migrantes, es producto de la descomposición del Estado de Derecho en México. Los hostigamientos, las amenazas y las agresiones contra
defensores y defensoras son consecuencia de la corrupción e impunidad con la que funcionarios violan los derechos humanos, ya sea por comisión u omisión; así como por un contexto nacional extrema violencia.
De acuerdo con la sistematización realizada por la DPMH, en 2011 se tuvieron 26 incidentes de seguridad (11 en el primer semestre del año y 15 en el segundo). En los meses de enero y junio de 2012 se documentaron 18 incidentes nuevos.
Ante la falta de capacidades gubernamentales para erradicar la impunidad y garantizar procuración de justicia, las y los defensores de migrantes han tenido que recurrir a organismos nacionales e interamericanos de derechos humanos para solicitar medidas de protección que les permitan continuar con sus labores. Son los casos de las solicitudes de medidas cautelares que albergues y casas del migrante han remitido tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.
***
Este documento ha sido elaborado por Consejería en Proyectos (PCS),
Esperanza Moreno, Psicóloga.
Javier Gómez, Economista.
Lissa Haugaard, Maestra en Estudios Latinoamericanos.
Jenny Johnson, Maestra en Salud Pública.
Nicolás Castellanos, Periodista.
Jaime Prieto, Abogado.
Delegados de la Misión de Observación Internacional
Albergue Senda de Vida
Coalición Pro Migrantes AC
Centro de Recursos para Migrantes
Centro de Derechos Humanos del Migrante AC
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi AC
Centro de Día un Paso a la Esperanza
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba AC
Comité de Derechos Humanos de Tabasco AC
Frontera con Justicia AC [Casa del Migrante de Saltillo]
Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes
Participantes en la Misión de Observación Internacional
Compilación y redacción.
Mtro. Gabriel Pérez Duperou
Fotografía
Nicolás Castellanos
Diseño e impresión.
PH Medios Gráficos
www.phmediosgraficos.com
México, D.F. Diciembre de 2012
