El nuevo anuncio de conversaciones bipartidistas en el Senado para retomar un borrador de reforma migratoria suspendido en marzo de 2010 y luego llevarlo a la consideración del pleno, se convirtió en una grata noticia para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Y también despertó la preocupación de los bolsillos.
¿Cuánto costaría ingresar al proceso de legalización? ¿Será costoso? ¿De qué cantidad se habla? ¿Qué pagos habría? ¿Se pagarán multas? ¿Cuántas y de qué montos? ¿Qué otros trámites habrá que considerar? ¿Procesos judiciales?…
Un informe elaborado a mediados de 2011 por el Center for American Progress (Centro para el Progreso Americano –CAP-), reveló que si el Congreso aprobaba una reforma migratoria en aquel entonces, las arcas del servicio de inmigración estadounidense se llenarían con varios miles de millones de dólares en corto tiempo.
Un año y medio después y cuando los estadounidenses reeligieron a Obama para un segundo mandato y vuelve a asomar la oferta de legalizar a los indocumentados, el tema fue puesto nuevamente sobre la mesa de discusiones por los senadores Charles Schumer (demócrata de Nueva York) y Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur), los mismos que trabajaron durante meses un anteproyecto que al fin de cuentas nunca fue incluido en la agenda de trabajo del Congreso.
De acuerdo con datos del Pew Hispanic Center (PEW), un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios en Estados Unidos, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el número de indocumentados en Estados Unidos es de 11 millones, y la mayoría es originaria de América Latina, principalmente de México.
¿Habrá reforma migratoria en 2013? Participe en el Foro Reforma Migratoria.
La tarifa vigente
Si se toman en cuenta las actuales tarifas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), y el último plan de reforma migratoria que patrocinó un grupo de senadores demócratas (en 2010) y que incluyó una vía regulada de legalización, cada inmigrante indocumentado que califique para regularizar su permanencia en el país (si sabe inglés, lleva tiempo en Estados Unidos, es fichado y carece de antecedentes criminales), debería pagar:
– Multa para iniciar el proceso: $1,000
– Multa al pedir la residencia: $1,000
– Formulario I-485 (ajuste de estado): $985
– Formulario I-765 (permiso de trabajo) $380
– Toma de huellas digitales: $85
– Total: $3,450
Después de cinco años contados a partir de la autorización para recibir la tarjeta verde o green card (que pudiera demorar 10 años o más), el favorecido con la reforma migratoria podrá iniciar la gestión para solicitar la ciudadanía estadounidense. De ser así, deberá pagar otros $595 más $85 por la toma de huellas digitales, de acuerdo con las tarifas actuales.
Si la mayoría de los 11 millones de indocumentados calificara para recibir los beneficios de la reforma migratoria, las arcas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) se llenarían como nunca antes en su historia con unos $37,950 millones (sólo con el trámite de residencia). Y si se agrega la ciudadanía, el monto se elevaría a $45,430 millones.
Puede que sea mucho más
Los ingresos en las arcas de la USCIS fueron calculados sobre la base de las actuales tarifas de la agencia, cuyos precios rigen desde noviembre de 2010.
Abogados consultados por Univision.com advierten que el monto sólo se trata de un “supuesto”, que el Congreso “no ha aprobado nada”, que “nadie debe pagar nada a nadie” en estos momentos y que la cifra “puede variar” dependiendo de cada caso en particular.
También hay que tener en cuenta que, por un mandato del Congreso, el servicio de inmigración cada dos años revisa y ajusta sus tarifas, por lo que pudiera incrementar el costo de sus trámites.
El borrador de los senadores Schumer-Graham de 2010 no incluyó el monto a pagar por los trámites, sólo mencionó que habría dos multas, una para iniciar el proceso de legalización y otra cuando recibiera la autorización de ingreso una vez superado el fichaje por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Nada en camino
Por ahora el Congreso no tiene ningún proyecto de reforma migratoria pendiente, sólo el anuncio hecho por dos senadores, Schumer y Graham, que retomarían el trabajo de un anteproyecto abandonado en 2010.
Fuentes del Senado consultadas por Univision.com dijeron que por ahora las pláticas se dan “entre oficinas”, pero no hay nada en concreto por parte de las bancadas para redactar un proyecto bipartidista y someterlo a la consideración del pleno. Tampoco una versión similar en la Cámara de Representantes.
El último plan de reforma migratoria ventilado en el Congreso incluyó una vía de legalización regulada para indocumentados que, entre otros requisitos, carecían de antecedentes criminales y hablaban inglés.
Para ser aprobada, la reforma migratoria necesita 218 votos en Cámara de Representantes y 60 en el Senado. Los republicanos –que controlan la Cámara- hasta ahora han dicho que no apoyan ningún proyecto, mientras que en el Senado, controlado por los demócratas, no tienen el número de apoyos necesarios.
Gastos imprevistos
A la cifra establecida sobre la base de mínimos, habría que agregar otra serie imprevistos tales como:
– Gastos de representación de abogado en caso que el indocumentado tenga problemas con la justicia.
– Gastos de envío de documentos a la USCIS.
– En aquellos casos en que el servicio de inmigración niegue el trámite y el extranjero apele un fallo, deberá contratar a un abogado y llenar el formulario I-290B, que actualmente tiene un costo de $630 por cada apelación. Y el trámite sólo puede hacerse en un plazo no mayor a los 30 días de recibir la sentencia o el dictamen de un trámite.
Cuidado con las estafas
Abogados y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes reiteraron las advertencias a la población indocumentada de que, por ahora, no hagan nada, no paguen nada, no envíen nada, no gestionen nada porque el Congreso no ha aprobado nada.
Y que cualquier persona que les ofrezca una residencia basado en la reforma migratoria “está mintiendo”.
Desde junio de 2011 la USCIS tiene activo un programa de prevención de estafas que cuenta con el apoyo de grupos comunitarios, gobiernos locales y estatales y otras agencias federales.
La agencia advierte que el fraude migratorio golpea por igual a ciudadanos, residentes, refugiados, asilados e indocumentados.
Entre las estafas más comunes, USCIS cita aquellas cometidas por individuos que se hacen pasar por abogados con licencia, expertos en inmigración o funcionarios del gobierno. Y agrega a la lista a personas bien intencionadas que prestan asesoramiento inexacto que atenta contra las mismas personas que están tratando de ayudar.
